Andreu Mas-Collel, consejero catalán de Economía y Conocimiento, no acudirá esta tarde a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra en la sede del Ministerio de Hacienda. De esta manera, el Gobierno de la Generalidad presidido por Artur Mas lanza un órdago en toda regla al Ejecutivo de Mariano Rajoy. La cita de este martes es especialmente relevante, puesto que no sólo estaba previsto comprobar cómo era la evolución de las cuentas de las administraciones autonómicas en lo que va de año, sino que en el orden del día se incluía la fijación de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para los próximos ejercicios.
El plante de Mas-Collel a Montoro es un paso más en el desafío que Artur Mas ha planteado al Gobierno central en los últimos meses a cuenta de la financiación autonómica. El Gobierno de convergencia quiere forzar lo que llama un "pacto fiscal", que se acordaría bilateralmente entre Cataluña y el Estado. De hecho, hace apenas unos días se aprobaba en el Parlamento catalán, con la abstención del PSC-PSOE y el voto a favor del resto de formaciones nacionalistas, la norma que exigía una Hacienda propia y un pacto fiscal con el Gobierno central.
Para conseguir sus objetivos, parece que Artur Mas está dispuesto a todo tipo de gestos de desafío, que eleven la tensión entre ambas administraciones. La convicción convergente es que este tipo de maniobras saldrán gratis; es decir, que no tendrán una penalización desde Moncloa. De hecho, el portavoz del ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha asegurado este martes por la mañana, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado la noticia, que al gobierno catalán "no se le pasa por la cabeza" que su ausencia en la reunión del CPFF dé lugar a posibles represalias con el telón de fondo de la petición por parte de la Generalitat de acogerse al fondo de liquidez previsto para las autonomías que lo soliciten. "No creo que haya represalias porque esto sería muy grave" y "tampoco creo que se dediquen a realizar amenazas ni que se condicione" percibir los recursos del fondo, ha añadido.
Sin dinero
En este sentido, hay que recordar que el Gobierno catalán no está, precisamente, en una posición de fuerza en lo que respecta a la deuda pública. Apenas unas horas antes de que Homs saliera ante la prensa, el Ejecutivo de Artur Mas reconocía que este mes de julio no podrá pagar a las residencias de ancianos y a los centros de cuidados a los dependientes. No hay dinero en la caja.
De hecho, Cataluña es la región más endeudada y acumula 42.000 de los 145.000 millones de todas las autonomías (casi un 29% del total). Y en términos de deuda pública respecto al PIB, también está en cabeza de la lista, con un 21%, frente al 8,7% de Madrid.
Por todo esto, ésta fue la segunda región española que se acogió al fondo de liquidez creado por el Gobierno central para financiar a las comunidades autónomas en problemas. Lo curioso es que sea precisamente una región que está pidiendo dinero al Gobierno la que ahora plantea este órdago. La Generalidad no tiene dinero para pagar sus propias facturas, por lo que Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy tienen una carta de mucho valor en sus manos.
Además de la presión que ejerce la precaridad de sus cuentas, hay que recordar que el Gobierno dispone desde hace meses de otra herramienta para controlar a las regiones díscolas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece una serie de mecanismos que van desde las advertencias hasta la intervención en el caso de reiterados incumplimientos. En principio, el plazo para intervenir una región es de unos seis meses desde la primera vez que el Gobierno detecta un incumplimiento; pero en el caso de una rebelión abierta, este plazo se reduce extraordinariamente y en quince días sería teóricamente posible mandar a los técnicos de Hacienda a una comunidad. Eso sí, lo primero que hace falta es voluntad política.
El punto de la discordia
La excusa que esgrime el Gobierno catalán para no acudir esta tarde a Madrid es la no relajación del objetivo de déficit para las comunidades autónomas para este año. Mariano Rajoy consiguió en una de las últimas cumbres que Bruselas subiese el límite de España desde el 5,3% inicial (3,5% Estado, 1,5% CCAA y 0,3% entidades locales) al 6,3%.
La pregunta que todo el mundo se hizo entonces es cómo se repartiría ese punto extra. Las comunidades quieren que se eleve su objetivo de déficit, desde el 1,5% a una cifra cercana al 2%. Este lunes, Cristóbal Montoro aseguró que no habría nuevos límites para nadie. Todas las administraciones mantendrán su objetivo para 2012 y el punto quedará como colchón, por si acaso alguien incumple. Cataluña dice ahora que no le sirve esa solución.
Según Homs, "el Gobierno español no cumple con sus obligaciones", por lo que "nosotros no podíamos asistir y estar allí como si estuviera lloviendo", ha apuntado. El portavoz del gobierno regional ha precisado, sin embargo, que "no hay ninguna voluntad de desairar al Gobierno español", sino de expresar "unos argumentos más que razonables" porque, ha argumentado, la reunión del Consejo tiene un formato "cerrado" y "no cumple con los mínimos requisitos" para poder considerarla como un avance positivo.
"¡Hasta aquí hemos llegado!, no se pueden hacer las cosas de esta forma", ha reprochado Homs, antes de recalcar que el Gobierno "no asume sus responsabilidades". Según Homs, no tenía sentido asistir a una reunión "donde todo ya está decidido, porque ayer ya fue acordado en la sede del PP, y nosotros que estamos por el diálogo y la cooperación y que, además, tomamos decisiones pese a que algunas de ellas son impopulares, no podemos admitir que se nos convoque sin posibilidad de diálogo".
"Lo que ha permitido Europa para las administraciones españolas no se permite para las autonomías y además se les obliga a realizar un esfuerzo complementario, lo que es un sinsentido", ha asegurado Homs. "Se toman decisiones unilaterales que se imponen arbitrariamente y sin planificación" a las autonomías de régimen común, todas salvo las forales, Euskadi y Navarra.