El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido una carta a un centenar de exaltos cargos de la Administración General del Estado para que opten antes del 1 de agosto entre su pensión indemnizatoria u otro tipo de retribuciones públicas o privadas.
Según explicaron este lunes a Efe fuentes de Hacienda, se trata de cumplir con el decreto publicado el 14 de julio con las primeras medidas para lograr una ajuste de 65.000 millones de euros hasta 2014. Tal y como explicó Libertad Digital el pasado sábado, el coste previsto de estas pensiones ascendía a casi 4 millones de euros.
En el mismo se dan quince días naturales para manifestarse a exministros, expresidentes o exvicepresidentes del Gobierno que estén cobrando una pensión indemnizatoria (normalmente del 80 % del sueldo durante un periodo de dos años) y o bien realicen otra actividad o cobren otro tipo de pensiones.
Según ha precisado Cristóbal Montoro en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), de momento han contestado un total de 41 de estos ex altos cargos, de los cuales 16 han renunciado a seguir cobrando la compensación.
Los cargos afectados
El decreto establece en concreto la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que perciben determinados exaltos cargos de carácter básico, con el objeto de que se perciba esta prestación sólo en el supuesto de que no realice ninguna otra actividad remunerada pública o privada.
La medida se aplica a los altos cargos de todas las administraciones públicas, incluyendo los que prestan sus servicios en el sector público, entendiendo también por tal la actividad de diputados y senadores, miembros de asambleas legislativas autonómicas y ayuntamientos, y órganos constitucionales, incluidos el poder judicial y el ministerio fiscal.
Entre el centenar de exaltos cargos que deben manifestarse -de no hacerlo se entendería que prefieren renunciar a la pensión indemnizatoria- estarían el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que también es miembro del Consejo de Estado, o las exvicepresidentas del Gobierno Elena Salgado, consejera en Endesa.
Los casos que afecten a las administraciones locales y autonómicas son gestionados a esos niveles administrativos, por lo que Hacienda y Administraciones Públicas no se ha encargado de la remisión de cartas a esos ex altos cargos.