La Consejeria de Economía y Conocimiento de la Generalidad ha confirmado este lunes que no hay liquidez para efectuar los pagos de julio a las entidades sociales con las que la administración tiene plazas concertadas, como geriátricos, residencias de discapacitados y entidades de atención a enfermos mentales. Así, las entidades sociales no ingresarán los pagos corrientes que debían recibir este martes, aunque el mes de agosto se podrá pagar "con normalidad", han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia.
Aún así, en agosto se ingresará el importe correspondiente al mismo mes, sin saber cuándo se podrá efectuar el pago de la cantidad correspondiente a julio que ahora no se ingresará. Las mismas fuentes han subrayado que el problema es "puntual" y que el conseller Josep Lluís Cleries ha estado lidiando hasta el último momento con el departamento de Economía para conseguir los fondos necesarios.
La Conselleria está comunicando esta misma tarde a las entidades que finalmente no se podrán efectuar los pagos de julio, una situación que supone el "colapso" de miles de organizaciones, según ha alertado este mismo lunes la Taula del Tercer Sector Social, que aglutina a más de 4.000 entidades.
La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) alertó el pasado martes a la Fiscalía Provincial de Barcelona de la posible "desatención" de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Catalunya por el posible impago de las nóminas, ahora confirmado por la Conselleria de Economía.
El texto presentado ante el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta de situaciones asistenciales "críticas", especialmente para los grandes dependientes debido a las previsibles carencias de equipos humanos y materiales que se producirían de confirmarse los impagos.
Ascad lamenta en el escrito que no se haya informado a los usuarios ni a los centros asistenciales de la situación, y avanza la puesta en marcha de un "plan de choque": pedir a los familiares que trasladen temporalmente a los usuarios al domicilio hasta que se normalice la situación o que asuman los costes. Este mismo martes, Ascad presentará una denuncia "en firme" ante la Fiscalía para que determine si la Generalitat ha abandonado a los dependientes.