¿Se puede decir que los empleados públicos son los que en mayor medida sufren la crisis? ¿Por qué el déficit público se financia con cargo a los créditos que deberían financiar la producción del sector privado?

Los partidos no pueden fingir el escándalo de cualquier espectador inocente. En el foso de los tiburones financieros de Cortizo faltan unos escualos con siglas.

El vacuo espectáculo que los dos grandes partidos han montado en el Congreso a cuenta de Bankia está resultando una obra de mutuo tapado de vergüenzas, como esas primeras películas del destape donde parecía que ibas a ver algo y luego no se veía nada.

El Gobierno debe entender que el hecho de que el BCE se involucre en la suavización de los graves problemas de financiación en los mercados que sufren España e Italia no es la solución a dichos problemas.

Con las haciendas autonómicas viene a ocurrir aquello que solía decir Borges de los peronistas: no es que sean mejores o peores, es que no tienen remedio.

Todos consideran esencial la intervención inmediata del BCE. Pero no importa lo que piensan, ni lo que piensen los economistas, ni los diplomáticos, ni los periodistas, analistas o think-tanks. Importa, exclusivamente, lo que piense el BCE.

Frente a Valencia y Murcia, en el caso catalán parece como si el gobierno de Convergencia y Unión nos estuviera haciendo al resto de los españoles el inmenso honor de aceptar nuestro dinero para seguir gastando como hasta ahora.

Hasta ahora, la inclusión financiera abarca sobre todo el microcrédito (pequeños préstamos a personas pobres para que abran empresas), que empezó hace poco más de una década y el dinero móvil.

Hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos siguientes.