Cataluña y el País Vasco, únicas CCAA que no renuncian a sus embajadas

Cataluña y el País Vasco son las dos únicas comunidades que hasta el momento no han manifestado al Gobierno su voluntad de integrar sus oficinas comerciales en el exterior en la red estatal.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, después de firmar un convenio de colaboración con el consejero de Economía y Empleo de Aragón, Francisco Bono, por el que se integrarán en la red estatal las oficinas comerciales autonómicas de Bruselas y Shanghái.

El ministerio de Economía y Competitividad propuso el pasado mes de febrero a las comunidades unir en la red comercial del Estado las oficinas de los gobiernos regionales en el exterior, con el fin de ahorrar gastos y mejorar la "Marca España".

El secretario de Estado ha explicado que la "inmensa mayoría" de las autonomías "están colaborando" con esta propuesta lanzada por el Ejecutivo central.

García-Legaz ha recordado que este proceso está ya en marcha con la Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, a las que se ha unido Aragón con esta firma. Después del verano, se concretarán también convenios con Cantabria, Canarias, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

García-Legaz ha comentado que con esta última se están negociando todavía algunos aspectos, porque no todas las autonomías tienen la misma modalidad de presencia en el exterior al depender de la confederación empresarial autonómica.

Esto supone otro tipo de negociación porque no es directamente con la administración pública, ha agregado el secretario de Estado de Comercio. Asimismo, ha especificado que hay otras autonomías que no tienen red comercial fuera de las fronteras españolas como sucede con Murcia, Baleares, La Rioja, Navarra, Asturias y Extremadura.

Hasta ahora, ha continuado García-Legaz, Cataluña y el País Vasco son las únicas autonomías que "no han manifestado su voluntad de incorporar sus oficinas" a la red estatal.

En este sentido, ha precisado que se dará "prioridad de atención" a las empresas de aquellas autonomías que han firmado convenios de colaboración con el Estado.

Por lo tanto, aquellas comunidades que decidan quedarse fuera de este tipo de acuerdos "estarán en un segundo orden de prioridad a la hora de atender la demanda de las empresas", porque se entiende que serán las propias oficinas autonómicas la que "tengan que dar, en primer lugar, servicio" a sus delegaciones comerciales.