El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado este lunes que el Gobierno presentará en el mes de agosto medidas para evitar que pueda repetirse un problema de "tan graves consecuencias sociales" como las que han ocurrido con las preferentes en los últimos años.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para explicar el Memorando firmado con la UE para recibir asistencia financiera, De Guindos ha explicado que esta reforma está contemplada en el texto suscrito para antes de febrero de 2013, aunque el Gobierno quiere acelerar su implementación.
En concreto, el Ejecutivo trabaja en una reforma para reforzar los mecanismos de protección del inversor y endurecer los requisitos de comercialización de este tipo de instrumentos, evitando su colocación masiva entre minoristas y reforzando intensamente la transparencia sobre el riesgo asociado a estos productos.
Con esta reforma, se requerirá que una proporción importante de la emisión se coloque en el canal mayorista para obtener un precio de emisión de mercado, sin que pueda ser sustituida tal determinación del precio por una valoración independiente y que se aplique estrictamente.
Igualmente, el ministro ha asegurado que el inversor que no pase el test de idoneidad tendrá que reconocer explícitamente que es consciente que está adquiriendo un producto para el que no es "idóneo". Además, se impondrá un mínimo elevado de suscripción, lo que dejará fuera a un número importante de inversores minoristas en las operaciones con estos instrumentos.
Finalmente, se creará un registro con la relación de títulos complejos adquiridos por inversores no idóneos, lo que facilitará la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Se trata de un importante cambio normativo que si se hubiese adoptado hace años, habría impedido la comercialización masiva de este tipo de producto complejo entre minoristas realizada en el pasado", ha subrayado. En el caso de las entidades que han recibido apoyo público, De Guindos ha indicado que la Comisión Europea ha aceptado que el arbitraje tenga los mismos efectos que un fallo judicial algo que, a su parecer, permitirá la solución de un número "importante" de casos.