Nos enseña Cipolla en el tercero de sus legendarios axiomas que únicamente los grandes idiotas son capaces de provocar un daño a los demás sin obtener beneficio alguno a cambio. He ahí la foto de familia del Consejo de Administración del BCE.

PP y PSOE se pelean como verduleras en el Congreso de los Diputados, pero luego resulta que nos los encontramos a todos en los consejos de administración de las grandes empresas que viven del dinero público.

Hasta ahora, la inclusión financiera abarca sobre todo el microcrédito (pequeños préstamos a personas pobres para que abran empresas), que empezó hace poco más de una década y el dinero móvil.

Un pueblo laborioso y noble como el español, que no gusta de ser engañado, debería estar exigiendo, incluso judicialmente, las responsabilidades de los gobiernos del PSOE durante casi dos legislaturas completas, como Islandia lo hizo con su presidente.

A lo que hay que renunciar, antes que a los servicios públicos básicos y fundamentales que sirven para cohesionar a nuestra sociedad, es a la concepción del Estado que tienen los españoles, entre ellos los políticos.

La casta autonómica se ha declarado a sí misma ajena a la crisis y el Gobierno es incapaz de levantar esa inmunidad presupuestaria, a pesar del mayor sufrimiento que esta desvergüenza generalizada está provocando en los contribuyentes.

Hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos siguientes.

Estamos aviados si el gran defecto del Gobierno es asumir las obligaciones inherentes a la pertenencia al euro y renunciar a la plena autonomía económica. El de Rajoy ha cometido errores, pero ése no es uno de ellos.

Hablamos de servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos.