Un pueblo laborioso y noble como el español, que no gusta de ser engañado, debería estar exigiendo, incluso judicialmente, las responsabilidades de los gobiernos del PSOE durante casi dos legislaturas completas, como Islandia lo hizo con su presidente.

La crisis es ya de tal volumen que sólo hay dos formas de salir de ella: volver a la peseta y devaluar o recortar y recortar hasta gastar sólo lo que nos podamos permitir. Que cada cual exija y reclame a los políticos lo que prefiera.

A lo que hay que renunciar, antes que a los servicios públicos básicos y fundamentales que sirven para cohesionar a nuestra sociedad, es a la concepción del Estado que tienen los españoles, entre ellos los políticos.

Para ser honesto al señalar con el dedo a cuantos no vieron la burbuja antes de que estallase, el gobernador tendría que haber recitado íntegro el listín telefónico de la provincia de Madrid.

La casta autonómica se ha declarado a sí misma ajena a la crisis y el Gobierno es incapaz de levantar esa inmunidad presupuestaria, a pesar del mayor sufrimiento que esta desvergüenza generalizada está provocando en los contribuyentes.

Hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos siguientes.

Estamos aviados si el gran defecto del Gobierno es asumir las obligaciones inherentes a la pertenencia al euro y renunciar a la plena autonomía económica. El de Rajoy ha cometido errores, pero ése no es uno de ellos.

Hablamos de servidores públicos que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar esos servicios públicos.

Nunca encontrará un Gobierno más apoyo interno y externo para reordenar a fondo un sistema de prebendas y gobiernos que crea derroche en tiempos de bonanza y ruina en los de crisis. No hacerlo es peor que un crimen: un fatal error.