El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha cuantificado este miércoles en 6.000 los liberados sindicales de la administración pública que deberán volver a su puesto de trabajo, 2.000 de ellos de la administración central.
Hacienda calcula que el ahorro total para el conjunto de las administraciones públicas alcanzará los 250 millones de euros. Según fuentes del ministerio, estos 6.000 trabajadores son un 66% de los liberados sindicales del total de las administraciones. En la Administración General del Estado quedarán sólo 1.000 trabajadores dedicados por completo a labores sindicales.
En una interpelación del diputado socialista Valeriano Gómez, Montoro ha explicado que "nadie quitará el estatus" a esos trabajadores, que podrán seguir defendiendo "legítimamente" los intereses de sus compañeros, pero sin una dedicación exclusiva a esta tarea.
"¿Pero no estamos todos para trabajar? Esa es su función y para eso han sido elegidos", ha dicho Montoro, para quien "no es posible que haya un número de liberados sindicales que estén más allá de lo que rezan las leyes".
Montoro ha admitido que el Gobierno está pidiendo más esfuerzo a los trabajadores públicos, asimilando su estatuto laboral al privado en términos de días de libranza o de incapacidad laboral, un cambio "positivo para todos" en términos de encontrar una función pública "todavía más comprometida y eficaz", ha defendido.
El ministro ha pedido el apoyo socialista a estas y otras medidas, como las que se debatirán mañana en el Congreso para convalidar el real decreto con la primera parte de unos ajustes que llegarán a 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio. "Llamo al PSOE a la responsabilidad en un momento crítico para España, Europa entera y la economía mundial", ha dicho Montoro.
"Cómo me pide responsabilidad, si es el ministro más irresponsable, lo ha sido durante la oposición y lo sigue siendo ahora", le ha contestado Gómez, adelantando que no cuenten con el grupo socialista para refrendar el "sablazo que el mal gobernante da a los ciudadanos" sin "tacto" ni "proporción" social.