Cataluña es una comunidad autónoma que debería estar a estas alturas intervenida por el Gobierno de España a tenor de lo establecido en el Plan de Estabilidad aprobado por el Ejecutivo, que establece esa posibilidad en el caso de aquellas comunidades que no cumplan con sus planes de ajuste destinados a controlar el déficit. Es cierto que junto a Cataluña hay otras comunidades autónomas candidatas a que se suspenda su capacidad ejecutiva, pero pocas hacen gala de la contumacia con la que el nacionalismo catalán se opone a cualquier esfuerzo presupuestario que sirva para contener su propia ruina y, por extensión, la del resto de España.
Es cierto que el legado del tripartito catalán tras su salida del poder no podía se más nefasto, pero Artur Mas ha conseguido la proeza de empeorarlo en tan sólo un año y medio. Desde que tomó posesión a finales de diciembre de 2010, el gobierno presidido por Mas no sólo no ha sido incapaz de reducir el endeudamiento monstruoso que acumulaba su región, sino que lo ha aumentado en nada menos que en 8.000 millones de euros pasando de los 34.000 millones que dejó en herencia el inefable Montilla a los 42.000 de la actualidad. Además de ser responsable de la tercera parte de toda la deuda autonómica, Cataluña padece en estos momentos un nivel de endeudamiento público que se sitúa en el 21% de su PIB, de nuevo el más alto de todas las regiones españolas y, por ejemplo, dos veces y media mayor que el de la Comunidad de Madrid, que con un 8,7% está cinco puntos por debajo de la media Española a pesar de su importancia económica en el contexto nacional.
Los guarismos antes descritos confirman a la región catalana como la más derrochadora de las 17 autonomías, sin que hasta el momento su Gobierno regional haya mostrado visos de querer revertir este proceso. Muy al contrario, el nacionalismo catalán pretende, como siempre, que el resto de España corra con los gastos de su penosa gestión, a cuyo fin recurren al catálogo habitual de victimismo y gestos desdeñosos al que sus dirigentes nos tienen ya demasiado acostumbrados.
Pero lo de Artur Mas llamando a la rebelión del resto de comunidades autónomas contra las medidas de ajuste de Rajoy, haciéndolas cómplices de sus desvaríos, es un despropósito político excesivo hasta para el nacionalismo catalán, a pesar de su conocida dimensión eminentemente torrencial. Artur Mas no puede dar lecciones a nadie, tampoco en materia económica. Ni siquiera el resto de las comunidades autónomas, también grandes derrochadoras de la riqueza nacional aunque lejos de los niveles a los que el nacionalismo catalán ha llevado su capacidad de despilfarro.
Ante esta rebelión autonómica encabezada por el nacionalismo, la mayor desgracia que nos ha tocado padecer a los españoles, el Gobierno debería tomar cartas en el asunto simplemente ejecutando aquellos procedimientos que él mismo estableció para acabar con los casos de mayor contumacia. Y nadie más reincidente que el presidente de la región catalana, Artur Mas. El mismo que un día llama a la rebelión contra los recortes de Rajoy y al siguiente exige que el resto de los españoles siga sufragando sus dispendios a través de la curiosa versión de "hispabonos" pergeñada en mala hora por de Guindos y Montoro.