"Dije que no subiría los impuestos pero los estoy subiendo". Mariano Rajoy ligó este miércoles su puesto de presidente del Gobierno al éxito del nuevo programa de reformas, imprescindible en su opinión, aunque admite que es doloroso y difícil. Éstas son unas medidas, remachó con claridad notoria, que gustarán o no, pero que tienen que acometerse: "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas".
La Unión Europea -dijo- nos ha marcado la senda, a ello se encomendó en la sede de la soberanía nacional. El camino será arduo. Por ello, llamó a todos -a comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, medios de comunicación, colectivos...- a recordar que somos un país y que, remando en la misma dirección, habrá luz al final del túnel, aunque aún quede mucho para verla. "Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor", repitieron no pocos diputados del PP, rememorando a Churchill.
En total, una hora y catorce minutos de tensión. El jefe del Ejecutivo parecía resistirse a informar de la batería de ajustes, con un balance previo del Consejo Europeo prolijo en detalles. Todo está relacionado a sus ojos; la cumbre comunitaria no habría sido positiva para España si en ésta no se hubiera comprometido a cumplir con el catálogo que, después de media hora de discurso, Rajoy desgranó para España y el mundo. Lo anunciado por el presidente puede dividirse en cinco puntos concretos: consolidación fiscal, restauración del crédito, impulso de la competitividad, lucha contra el desempleo y modernización de las administraciones públicas racionalizando sus estructuras.
Habrá subidas de impuestos y reformas importantes en la administración pública. "O reducimos gastos o aumentamos los ingresos. Hacemos lo que tenemos que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas", argumentó. La bancada socialista y algunos minoritarios recibieron sus palabras con gritos, con abucheos. Pero el presidente primero guardó silencio y después continuó su intervención; si algo le da fuerzas -así lo dice en privado cada vez que se le pregunta- es que está haciendo lo correcto y que sólo así España volverá a renacer económicamente.
Lo más destacado en el lado de los ingresos fue la subida impositiva que en el Gobierno se encargó de llevar a la arena pública a través de calculadas filtraciones: subida de IVA (del 18 al 21% en el tipo general), eliminación de la deducción por adquisición de vivienda para nuevos compradores, nuevo impuesto medioambiental y subida del impuesto indirecto al tabaco.
En lo que tiene que ver con las reformas, también muy contundentes, habrá una modificación de la administración local, control estricto sobre las autonomías, recortes de gasto de personal público, privatizaciones (en ferrocarriles y aeropuertos) y medidas de liberalización de sectores intervenidos. En total, el ajuste, sumando ingresos y gastos, sumará unos 65.000 millones de euros hasta finales de 2014. En las pensiones, no habrá novedades para los jubilados actuales, aunque se ha anunciado una nueva modificación del sistema, para abordar la jubilación anticipada (limitándola) y ampliar los años de cálculo de las pensiones. También los nuevos parados se enfrentarán a una nueva prestación por desempleo, con más obligaciones en la búsqueda de un trabajo y un recorte a partir del sexto mes de paro.
A sus ministros, durante los últimos meses, Rajoy les pidió informes de todo. Algunos vieron el visto bueno, otros siguen guardados en el cajón. El nuevo tijeretazo no es el definitivo, admiten fuentes solventes del Ejecutivo. El Gobierno tiene en mente más reformas si el objetivo de déficit da muestras de desvío. Tal y como avanzó este diario en la víspera, el compromiso fue irreversible: del 6,3% -en lugar del 5,3 previsto hasta la fecha, partiendo de un 8,9- en el año en curso, del 4,5% en 2013 y del 2,8% en 2014.
También el día antes, el presidente recibió el apoyo cerrado de las grandes economías del país; de las quince marcas principales, como por ejemplo Inditex, el Corte Inglés, el BBVA, Repsol o Telefónica. Con sus presidentes comió en la Moncloa, y éstos le dijeron que el esfuerzo debe ser común. Rajoy hizo resumen de este sentimiento en la Cámara Baja: "No hay otra, tenemos que salir de este atolladero y cuanto antes. No valen fantasías ni ocurrencias. No hay mucho de donde escoger", afirmó, pero recalcó que no será un "sacrificio estéril" porque España "tiene el coraje y la determinación".
El presidente llegó a mentar la "legitimación moral" que entiende tener para pedir al país más esfuerzos. "Seguiremos hasta el final sin cambiar el rumbo", se reafirmó, apelando una y otra vez a los más de cinco millones de desempleados; a aquellos que se levantan cada mañana a buscar empleo y no lo encuentran.
Las medidas
En impuestos, tal y como aconseja la Comisión Europea, se suben los impuestos indirectos, se reduce algo la imposición al trabajo y se eliminan las ventajas a la compra de vivienda. Todo estará listo en el próximo Consejo de Ministros y remitido de inmediato al BOE. El IVA pasa del 18 al 21% en el tipo general y del 8 al 10% en el reducido. Se recortan las cotizaciones sociales (un punto este año y otro el que viene). Habrá una subida en los impuestos especiales sobre el tabaco y se elimina la deducción por compra de vivienda. También habrá modificaciones en el Impuesto de Sociedades, aunque no ha aclarado en qué sentido.
En lo que hace referencia al gasto del estado, habrá un nuevo ajuste de 600 millones en el gasto ministerial. Los partidos, sindicatos y patronales verán un nuevo recorte del 20% en las subvenciones que reciben. La Ley de Dependencia también se toca, racionalizando su aplicación. Para los parados, no habrá cambios en los seis primeros meses de desempleo, a partir de ahí habrá un recorte en la prestación y más obligaciones en la búsqueda de un trabajo.
También habrá un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones públicas para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. En principio no afectará a los actuales jubilados, aunque ésta ha sido la parte del discurso de Rajoy en la que ha ofrecido menos detalles. Lo normal es que se acelere la aplicación de la jubilación a los 67 años y la ampliación del período de cálculo de la base (con el consiguiente efecto de reducción de las prestaciones medias).
Capítulo especial dedicó a la reforma de la administración. En lo que toca a las autonomías, habrá hispabonos (deuda conjunta) a cambio de un control estricto de las cuentas de los gobiernos regionales. No se toca el número de los ayuntamientos, pero sí habrá recorte de competencias, más poder para las diputaciones en la prestación de servicios y recorte de empresas y empleados públicos. El número de alcaldes y concejales, así como su sueldo, se fijará por ley desde La Moncloa en función del tamaño de los municipios.
Los empleados públicos soportarán una buena parte del ajuste. Se eliminará la paga de Navidad a funcionarios y altos cargos de las administraciones públicas. Habrá menos días de libre disposición (los moscosos) y el número de liberados sindicales se limitará estrictamente a lo que marca la ley.
También se avanza en materia de liberalizaciones, cuestión fundamental que hasta ahora había pasado de puntillas. Rajoy avanzó que se privatizarán "servicios ferroviarios, portuarios y aeroportuarios", lo que pone a Aena, Renfe y Adif en el punto de mira del Gobierno. También informó de cambios para eliminar las trabas que ponen en peligro la unidad de mercado. El más importante es la habilitación única, para que cuando una administración certifique una empresa y le dé su autorización para operar, ese visto bueno se extienda a todos los organismos públicos.
Eliminación de barreras y posiciones anticompetitivas en el sector de los servicios profesionales y para empresas. Para contribuir a su expansión, se fortalecerá el principio de libertad de acceso y de ejercicio. Aunque no han sido nombrados en el discurso de Rajoy, colectivos como los registradores de la propiedad, ingenieros, notarios, taxistas, farmacias,... podrían ver afectado su actual estatus. Además, previsiblemente los colegios profesionales perderán parte de su control de acceso a la profesión.
Rajoy, lo dijo en su intervención inicial y después en la réplica a los diferentes grupos, aseguró que sabe cuál es el problema, ha hecho el diagnóstico y ahora trabaja a la mayor velocidad posible. No fue baladí su durísima advertencia a las comunidades autónomas, que se suma a las ya realizadas la semana pasada. Y una idea fundamental: controlar sí o sí el déficit público, fruto de la herencia recibida, pero que le ha tocado remendar. El presidente, de nuevo muy dramático, preparó al país porque "no va a ser fácil".