El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ha acusado a exdirectivos del Banco de Valencia de defraudar 137 millones de euros, por lo que ha solicitado a los tribunales el embargo de sus cuentas bancarias y de sus bienes por dicho importe.
Así figura en la denuncia que el FROB ha presentado ante el juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional ante la presunta comisión de delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida por parte de exdirectivos del Banco de Valencia, entre los que figuran los exconsejeros delegados Domingo Parra y Aurelio Izquierdo.
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press y que será trasladado a la Fiscalía Anticorrupción, el FROB denuncia la instrumentalización del Banco de Valencia por parte de dichos exdirectivos y de diversos integrantes de la familia Calabuig Gimeno, cercana a Domingo Parra.
Según la denuncia, Parra concedió préstamos para operaciones "carentes de toda racionalidad económica" y, una vez otorgada la financiación ilícitamente, infringió sus deberes de lealtad con el Banco de Valencia, tanto al frente del consejo de administración como en su calidad de representante en la sociedad Agval.
Para el FROB, lo "realmente decisivo" en este caso no es tanto el elemento cuantitativo, sino el cualitativo "relativo a la gran repercusión de los hechos que se describen en la seguridad del tráfico mercantil y la economía nacional", tal y como expone en la demanda.
El organismo dependiente del Banco de España considera que la situación en la que los denunciados han dejado a la entidad "afecta seriamente a la economía nacional" y recuerda que ésta ha recibido un total de 4.500 millones de euros de dinero público "para evitar consecuencias negativas en el sistema crediticio".
'Operación Agval'
En el escrito, el FROB denuncia operaciones que tienen que ver con la Sociedad de Inversiones Financieras Agval y con la concesión de financiación a favor de Capital Residencial. El informe señala que en ambos casos han intervenido de forma "jurídico-penalmente relevante" miembros de la familia Calabuig Gimeno.
Las operaciones a las que se refiere la denuncia, y que tacha de "dudosa racionalidad económica", son la compraventa de participaciones de Agval en el año 2008 y su efecto en el control ejercido en la operación por Banco de Valencia, la adquisición por parte de Agval de una serie de acciones de la sociedad Costa Bellver y la concesión de financiación a Capital Residencial, compañía de la que es accionista Capital Costa, firma mediante la que Parra e Izquierdo están ligados a los Calabuig.
El FROB califica la 'operación Agval' de delito de estafa y explica que la familia Calabuig realizó "una puesta en escena" gracias al control que tenía de la empresa "en connivencia" con Domingo Parra.
"Mediante dicho engaño, canalizado a través de la utilización de Agval como mera pantalla, provocó un error en Banco de Valencia como prestamista o concesionario de financiación", señala el informe, en el que se resalta que dicho error dio lugar a un acto de disposición patrimonial "concediendo un crédito que le perjudicaba, todo ello animado por un evidente ánimo de lucro".
Para el FROB, el Banco de Valencia no habría concedido esa financiación "sin la colaboración y omisión e inveracidad de la información que Parra transmitía a la entidad como su consejero delegado y representante de sus intereses en la sociedad".
La denuncia del FROB no es la primera contra el Banco de Valencia que asume la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia se ha inhibido a su favor en las diligencias previas que instruía tras la querella presentada por un grupo de accionistas contra varios miembros del consejo de administración del banco.
En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio, el juez valenciano iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.