La auditora Deloitte ha dicho que hace ocho meses informó a la Comisión de Auditoría, entonces presidida por Ángel Acebes, de que existían problemas en las cuentas de la entidad, una versión que tanto el exministro del Interior de Aznar como los demás miembros de la comisión niegan rotundamente.
Tanto Acebes como sus compañeros en la comisión, entre los que se encuentra el miembro de CCOO Pedro Bedía, culpan en su lugar a la propia auditora, a la que consideran responsable de que no hayan trascendido antes las cifras de la entidad.
Según El Mundo, que ha tenido acceso al acta del consejo de BFA del pasado 28 de mayo, los consejeros de la matriz de Bankia expresaron en esa reunión sus dudas sobre las cuentas del ejercicio de 2011. Pero sobre todo, también la indignación con la empresa auditora, Deloitte, cuyo socio, Francisco Celma, fue invitado excepcionalmente por el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, a participar en la misma.
En el encuentro Celma dijo que él avisó del descuadre al menos dos veces a los miembros del Consejo, una en octubre de 2011 y otra el 28 de marzo de 2012, horas antes de la aprobación de las cuentas. Celma asegura que avisó de que había problemas a la Comisión presidida entonces por Ángel Acebes, que ya no es consejero del BFA y no pudo, por tanto, replicar a Celma en la reunión.
Sí estaban presentes otros dos miembros de la misma. Uno era Pedro Bedia –propuesto por CCOO- que aseguró que "no había salvedad expresa por parte del auditor". Lo mismo dijo Mercedes Rojo, miembro de confianza de Esperanza Aguirre, que dijo que "en ningún momento se facilitó información que pusiera de manifiesto la existencia de discrepancias entre el auditor externo y la sociedad sobre la formulación de las cuentas anuales de 2011".
Según publica El Mundo, Rojo señaló la falta de "información que deberían haber suministrado el auditor externo y los directivos de la entidad responsables de la elaboración de las cuentas". Rojo apunta directamente a Celma y el interventor del banco, Sergio Durá, que trabajaba para Rodrigo Rato.
Acebes ha corroborado a El Mundo la versión de sus compañeros de comisión. El exministro presidió la comisión durante sólo ocho meses, puesto que llegó a la misma tras la salida a bolsa de Bankia, y asegura que el directivo de Deloitte explicó la planificación de la auditoría igual que "hacía todos los años". No hizo énfasis en la valoración de las participadas o créditos fiscales.
Y lo mismo ocurrió en la posterior reunión del 26 de marzo, "en la que dio un papel en el que sólo aparecía" que había "datos que estaban pendientes y que estaban siendo tratados con la dirección". Como Deloitte los relacionó con el real decreto que acababa de impulsar Luis de Guindos en base a las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea, ni Acebes ni el resto de la comisión dio más importancia al asunto.
No obstante, explica El Mundo, esos datos no incluían dos partidas que finalmente serían claves para los futuros acontecimientos en Bankia. Según datos proporcionados por Goirigolzarri, el desfase de las participadas ascendió en 2011 a 3.925 millones de euros, y los activos fiscales a 2.744 millones.
El Mundo publica que, según el acta que obra en su poder, Celma afirmó que al estar en desacuerdo nunca presentó a Rato ningún "borrador de auditoría sobre las cuentas de 2011", acusando implícitamente a Acebes y al resto de miembros de la Comisión de Auditoría de pasividad en su trabajo.
El exministro, por su parte, ha señalado al diario que si Celma hubiera expresado interés en informar de algún problema, le hubiera convocado de inmediato.
El consejero a propuesta de CCOO Francisco Barquero replicó en el tenso encuentro que Celma no debería escudarse en no haber sido convocado y que tenía que haber sido "proactivo" a la hora de tomar cartas en el asunto.
Mientras, en Deloitte declinan hacer "comentarios sobre clientes" y emplazan al futuro proceso judicial. El entorno de Rato señala, por su parte, que posee documentos que prueban lo contrario a la versión de la auditora.
En otro momento del debate, Jorge Gómez –consejero y miembro del PSOE- cargó contra el auditor y le acusó de no haber informado al Consejo del riesgo del impairment y el resto de las salvedades de la auditoría, "poniendo en riesgo el sistema financiero del país". Todos los miembros del Consejo coincidieron con Gómez, incluyendo José Rafael García-Fuster (miembro de la Comisión Auditora y exsenador por el PP) que manifestó su "sorpresa" por la diferencia en las cuentas en tan corto período de tiempo.
Pero el responsable del ataque más duro fue Ricardo Romero de Tejada, exdirigente del PP muy próximo a Rato, que recordó a Celma que Deloitte nunca había puesto problemas a las cuentas pese a auditarlas "desde hace años", dudando de los criterios de la entidad. También acusó a Deloitte de ser clave en la decisión de sacar a bolsa a la entidad en un proceso que resultó fallido.
De la misma manera, Estanislao Rodríguez-Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de Aznar, cuestionó el desfase presentado por Celma, mientras el sindicalista Pedro Bedia mostró su asombro por la invalidez del plan de viabilidad aprobado hacía un mes apenas. Mercedes de la Merced, nombrada a propuesta del ministro de Justicia Ruiz-Gallardón, afirmó que "el Consejo ha tenido falta de información y la documentación ha sido insuficiente".
Varios consejeros pidieron a Goirigolzarri que facilitara la carta del Banco de España aprobando una inyección de 19.000 millones cuando un mes antes veía necesario sólo una cuarta parte de esa cantidad. Éste autorizó su lectura y, eso sí, lanzó una severa advertencia a los consejeros: "Lo que debe ser votado hoy es la reformulación de cuentas" que permita "aprobar el informe de auditoría firmado y sin salvedades", ya que si no los presentes en la reunión asumirían las responsabilidades del auditor.
Tal y como expone El Mundo, los consejeros fueron "invitados" a dimitir por Goirigolzarri en la siguiente reunión del consejo de BFA.