El Estado tiene 53.662 inmuebles, de los que unos 35.000 son fincas rústicas que suman más de 5,5 millones de metros cuadrados. Además, la administración central alquila cada año 1.380 edificios más para su uso (se ve que no tiene suficiente con los casi 54.000 y tiene que arrendar casi 1.400 más), en los que se gasta 217 millones de euros al año en concepto de renta, unos 157.000 euros por inmueble.
Estos son los principales datos ofrecidos este viernes por Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se presentó el informe del ministerio de Hacienda sobre racionalización del uso de los inmuebles patrimonio del Estado. La intención del Gobierno es utilizar este estudio como base para iniciar un proceso de mejora de la eficiencia, venta y ahorro en todo lo que tiene que ver con los edificios y solares que las administraciones usan en su quehacer diario.
Desde Hacienda, se asegura que se irán ofreciendo más datos según avanza el proceso. Lo poco que se conoce ya es muy llamativo. Para empezar, nunca se había hecho un análisis pormenorizado de los inmuebles en manos de la Administración. El equipo de Montoro señala que una de las complicaciones con las que se han encontrado es que no había un registro con todos estos bienes. Algunos ministerios lo tenían por su cuenta, pero no había nada unificado.
De esta manera, no es extraño que el despilfarro haya sido la nota predominante. Hace unos meses, en Libertad Digital ya publicamos las principales conclusiones de un estudio de la consultora Aguirre Newman sobre el uso de los edificios públicos. Según los autores, sólo los inmuebles que la Administración Central tiene en Madrid ocupan una superficie de 2,28 millones de metros cuadrados, de los que aproximadamente un 34% está infrautilizada. Si extrapolamos este cálculo al conjunto de España, el Estado podría sacar unos 14.000 millones de euros sólo vendiendo aquello que está manifiestamente en desuso. Aunque pueda parecer una cifra exagerada, el informe recuerda que cada oficinista del sector privado tiene unos 15 m2 de espacio (contando zonas comunes, instalaciones, etc...) de media, mientras que en el sector público, para una tarea similar, el espacio está entre 25 y 35 m2 (hasta un 133% más).
En una entrevista, Susana Rodríguez, directora general de la división de consultoría de Aguirre Newman, recomendaba cuatro líneas de actuación: racionalizar los espacios, concentración de sedes, venta de inmuebles y ahorro de costes operativos y facilites management.
En realidad, son similares a los presentados este viernes por el Gobierno. La Comisión interministerial encargada de analizar la actual situación estableció cinco ejes:
- diagnóstico previo de la situación inmobiliaria
- reducción del gasto en arrendamientos
- optimización de la ocupación de espacios
- incremento de ingresos públicos
- construcción de equipamientos autofinanciables a medio plazo
Son conclusiones parecidas a las de la consultora, excepto que no incluyen la opción de la venta. Sáenz de Santamaría abrió la puerta a esta posibilidad, especialmente en el caso de las más de 35.000 fincas rústicas. Mientras tanto, miles de edificios públicos languidecen, semiocupados o directamente vacíos. Son, seguramente, el ejemplo más evidente y visible de cómo han despilfarrado el dinero de los contribuyentes los políticos españoles.