El nuevo plan de ajuste que elabora el Gobierno se sustenta en tres patas: prestación de paro, pensiones y empleados públicos. El Ejecutivo baraja múltiples medidas para recortar el gasto público, entre ellas, según publican varios medios este viernes, se incluiría la posibilidad de eliminar una paga extra -la de Navidad- a los funcionarios, así como un nuevo recorte de las pensiones futuras, calculando la prestación sobre toda la vida laboral en lugar de los últimos 25 años, como estableció la última reforma del sistema.
Así, según informa Cinco Días, fuentes cercanas a Moncloa aseguran que Hacienda ultima la supresión de la paga extra de Navidad de los empleados públicos, una medida que no se limitaría a este ejercicio y que se mantendría varios años. A diferencia de la subida de impuestos -donde la previsión de ingresos es eso, una previsión- el recorte de una paga extra supone un ahorro seguro e inmediato, que alcanzará los 4.000 millones.
Una medida similar ya ha sido aplicada en Portugal. El Gobierno luso suspendió desde 2012, y en principio hasta 2015, las pagas extras de verano y Navidad a los funcionarios públicos y los pensionistas. La medida, una de las adoptadas para reducir el gasto público, fue muy contestada desde la oposición de izquierdas y los sindicatos.
La suspensión de las dos pagas extraordinarias anuales en el sector público y el sistema nacional de pensiones aplicada a partir de los 600 euros de retribución, varía según el importe de la remuneración y puede llegar hasta el cien por cien, en función de los ingresos del beneficiario. La medida, que supone unas ahorros para el Estado de cerca de 2.000 millones de euros, fue calificada como "temporal" por el Gobierno luso, que manifestó su confianza de eliminarla de forma gradual a partir de año 2015, aunque sin comprometer una fecha concreta para la recuperación completa de ambas pagas.
Esa reducción salarial, junto a medidas laborales generales para todos los trabajadores como la reducción de días festivos y de vacaciones, fueron parte de los varios paquetes de austeridad aprobados por el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho para reducir el déficit fiscal desde que llegó al poder en junio de 2011.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional luso acaba de considerar discriminatorios los recortes salariales aplicados en Portugal a los funcionarios públicos y pensionistas y no al sector privado, aunque no impedirá que la medida se aplique este año. Su dictamen, divulgado este viernes, obligará al Gobierno portugués a adoptar nuevas medidas de austeridad o extender los recortes a la empresa privada para cumplir en 2013 la reducción del déficit fiscal comprometida en el rescate financiero que obtuvo el año pasado.
El tribunal argumenta en su dictamen que el "principio de igualdad" debe aplicarse a todos los ciudadanos a la hora de ayudar a sustentar las cuentas públicas, ya que "la imposición de un sacrificio adicional [a funcionarios y pensionistas] no tiene equivalente para el resto de ciudadanos". El Constitucional decidió que su resolución no se aplique este año porque el ejercicio financiero de 2012 se encuentra "en un estado avanzado" y se pondrían en riesgo los objetivos presupuestarios.
Desde el Gobierno, el primer ministro portugués, en un breve comentario a los medios, consideró que los presupuestos del Estado para 2013 deberán incluir medidas de ahorro "equivalentes" a la cuestionada por el tribunal y aplicables a todos los ciudadanos y no solo a los funcionarios. De este modo, Lisboa abre la puerta a extender la supresión de pagas extra a los empelados del sector privado en caso de no poder suplir mediante medidas adicionales el ahorro que dicha supresión supondría de cara a los próximos ejercicios.
Recorte de pensiones públicas
Por otro lado, el Ejecutivo español también baraja extender a toda la vida laboral el período de cálculo de las pensiones -algo que ya se contemplaba desde hace tiempo-, lo cual supondrá una nueva rebaja en las prestaciones futuras, ya que en los primeros años de trabajo se suele cobrar menos y en los últimos más. En caso de aprobarse, los futuros pensionistas cobrarían de media un 30% menos con respecto al sistema vigente hasta la reforma de 2010.