El Gobierno sigue elevando la presión hacia las comunidades autónomas para que cumplan sus compromisos de déficit. Si el lunes el presidente les reclamó un mayor esfuerzo de inmediato, su número dos fue un paso más allá y, en el marco del Campus FAES, les recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria incluye los mecanismos necesarios para controlar sus cuentas si no cumplen con lo requerido.
Soraya Sáenz de Santamaría hizo un pormenorizado análisis de situación, en el que calificó de imprescindible continuar con el programa reformista a nivel nacional, una vez la Unión Europea da pasos claros hacia una mayor integración fiscal y unión bancaria, lo que a sus ojos supone una clara defensa de la moneda única. Y, en la tarea a hacer en casa, insistió en que austeridad y crecimiento no son incompatibles -tachó de “falacias” las teorías al respecto- sino la senda marcada por el Ejecutivo, que cuenta con el respaldo de la ciudadanía en las urnas.
Capítulo aparte le dedicó a las comunidades, que si bien recibieron el plácet de Hacienda a sus planes de ajustes, provocan gran temor en las instituciones europeas, lo que se traslada a los mercados. “Están haciendo esfuerzos y deben reforzarlos”, apuntó la vicepresidenta, en presencia de José María Aznar, cuya opinión sobre las mismas es conocida llegando a calificar las regiones de “mini-Estados”.
En opinión de Sáenz de Santamaría, los Gobiernos regionales deberían “adelgazar” sin más demora sus estructuras para evitar duplicidades con respecto a los escalones estatal y local y así hacer una administración “mucho más eficiente”. Si bien, su amenaza más clara vino al recordar que, de acuerdo a la normativa ya aprobada, el Ministerio de Hacienda puede enviar “delegaciones” en caso de que no se cumpla “con el objetivo de déficit público”.
También se detuvo en el estamento municipal para anunciar la inminencia de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. “Cambios profundos” para reordenar la estructura -ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones- y evitar la “gran parafernalia” existente. En este sentido, avanzó que se controlarán, como ya pasa con el presidente y los ministros, el sueldo de los alcaldes y concejales así como el número de ellos por municipios.