"La situación es mucho peor de lo que se cuenta. Vamos a tener un otoño y un invierno muy complicado". La frase, de un alto cargo del partido que sustenta al Gobierno en el PP, no hace sino servir de colchón a la hoja de ruta reformista avanzada el martes por este diario, y en la que los diferentes ministerios –principalmente económicos- trabajan a destajo para que todo quede listo antes del mes de agosto.
Una vez conseguido el oxígeno necesario por parte de la Unión Europea, Mariano Rajoy tiene interiorizado que es necesario mandar un mensaje contundente tanto a los socios aliados -principalmente a Alemania- como a los mercados de que el país no se duerme en los laureles y el cumplimiento del objetivo de déficit no está únicamente sobre el papel, sino también en la práctica. De ahí la durísima advertencia a las Comunidades Autónomas, a las que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está apretando las tuercas para que ejecuten sus duros planes de recorte y sumando más exigencias.
Aún se desconoce cuál será el tamaño del ajuste, pero fuentes gubernamentales citadas por Reuters han hablado de hasta 30.000 millones. Para llegar hasta esta cantidad, se tocará el IVA, como adelantó este diario, y se emprenderán otras reformas, que afectarán de lleno al sector público.
El Gobierno sabe que tiene que soltar lastre y adelgazar sí o sí la administración; lo que se ha venido a denominar en los círculos políticos "masa" pública, y que será drásticamente reducida. Según fuentes gubernamentales, el sector tendrá que reducirse a un máximo del 35% del Producto Interior Bruto, frente al 43,6% actual. El abanico de afectados sería amplio: desde 150.000 trabajadores de empresas públicas estatales, a interinos de las tres capas -central, autonómica y local – y todo aquel cargo que no se hubiese conseguido mediante oposición. El diario El Economista cifró en cerca de 300.000 los afectados.
No pocos cargos del Ejecutivo y el PP llevan advirtiendo días de que éste debe ser el camino, una vez muchos puestos de trabajo se solapan o simplemente no son ya necesarios. Creen que en este sentido conectan con el sentir general. "Vas a la administración y ves a mucha gente sin hacer absolutamente nada pero, encima, no te resuelven lo que necesitas", argumenta una fuente. La primera voz que públicamente lo sugirió fue Elvira Rodríguez, responsable económica de Génova, al afirmar que la reestructuración llevará "inexcusablemente una pérdida de empleo público". Será uno de los palos principales de la reforma de la administración, en la que también trabaja el PSOE, y que incluye reducción de concejales en los Ayuntamientos.
De igual forma, la bajada de sueldos sigue estando encima de la mesa. Pero en este punto hay críticas veladas en algunos sectores que recuerdan "que un policía nacional gana poco más de 1.000 euros al mes y sobre el que ya pesa una subida de impuestos", en opinión de un asesor del Gobierno. Y esto se reproduce al más alto nivel, incluyendo en la discusión a los barones regionales.
Además, un plan de privatizaciones
En el capítulo de las privatizaciones también se conocieron nuevos datos reseñables. Según Europa Press, el proyecto preparado contempla ingresar entre 20.000 y 30.000 millones de euros, si bien estos no irán destinados a reducir el déficit sino a amortizar parte de la deuda. Nada está cerrado, y todo sigue estando encima de la mesa: Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores son los que más suenan, si bien se contemplan otros paquetes no tan rimbombantes pero igual de destacados por ejemplo en desinversiones (como Red Eléctrica, las participaciones que quedaban en Iberia o la SEPI).
Las comunidades autónomas deberán, de igual forma, avanzar en el marco privatizador, y algunas fuentes de Moncloa ponen como ejemplo el Canal de Isabel II perteneciente a la Comunidad de Madrid.
Todo, según un ministro muy próximo al presidente, antes de que finalice el presente mes, con independencia de que en agosto el gabinete se vaya a reunir en más de una ocasión, cosa que se da por descontada. Y todo sin excluir la subida del IVA -o más concretamente que muchos productos pasen del tipo reducido al normal, por ejemplo- o la posibilidad de que la deducción por vivienda en el IRPF vuelva a retirarse. Reuters va un paso más allá y destaca que incluso se podrían congelar las pensiones, extremo al que Rajoy se negó en reiteradas ocasiones en campaña electoral.
En todo caso, se insiste en que, al menos la reforma de la administración no irá en el Consejo de Ministros de este viernes, aunque pueda abordarse en la mesa. Sí se dará anuncio de novedades relevantes en el marco judicial, gracias a un informe presentado por Alberto Ruiz Gallardón. La vicepresidenta reunió este miércoles a los Secretarios y Subsecretarios de Estado para avanzar en todas estas medidas, y ante José María Aznar el jueves en el campus FAES hablará de las reformas en mente del Ejecutivo.