El escándalo de Bankia acaba en los tribunales. La cúpula directiva del cuarto banco más grande de España por volumen de activos -con más de 11 millones de clientes-, compuesta por 33 exdirectivos, será investigada por la vía penal por la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ha admitido este miércoles a trámite la querella presentada por el partido de Rosa Díez, UpyD, contra Bankia y ha citado como imputados al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y a más de una treintena de consejeros de las cajas que formaron el grupo, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro de Interior, Ángel Acebes, así como a otros destacados miembros del PSOE o Izquierda Unida.
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción se mostrara a favor de admitir la querella que el partido de Rosa Díez, UPyD presentó por estafa y otros delitos contra todos los miembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, BFA.
En su conjunto, el juez imputa a la cúpula de Bankia los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos cuya pena máxima asciende a quince años de cárcel. Según informaron fuentes jurídicas, a medida que avance la instrucción Andreu concretará qué delito se les atribuye a cada imputado.
Junto a Rato, Olivas y Acebes, deberán declarar en este tribunal en los próximos días como imputados Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña; vicepresidente de la Comunidad de Madrid; representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín. Curiosamente, no está imputado ni ha sido llamado a declarar Miguel Blesa, el que fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010.
La querella presentada por UPyD narraba con detalle "unos hechos mediante los que se describe el deterioro patrimonial de la entidad Bankia S.A, que ha ido creciendo progresivamente en breve periodo de tiempo pasando su balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros lo que ha exigido una próxima e importante aportación de capital público para el saneamiento de su balance. Tales hechos derivan el proceso de fusión de Caja Madrid, Caja de Ávila, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana. Caja Segovia y Caja Rioja que, a través de la constitución de un grupo de contractual configurando como un sistema institucional de protección dio origen a la constitución de Bankia, que salió a bolsa el 20 de julio de 2011 mediante oferta pública de suscripción".
Según la Audiencia Nacional, en la querella del partido de Rosa Díez se "describe y documenta la existencia de un perjuicio económicamente evaluable a todos y cada uno de los accionistas de Bankia, debido a la denunciada disposición fraudulenta de los bienes de la Sociedad realizada mediante una gestión social en la que habría prevalecido el favor político al rendimiento económico".
Repercusión económica nacional
En la resolución, el magistrado Fernando Andreu describe cómo la "defraudación" de Bankia habría podido producir "una grave repercusión en la economía nacional así como perjuicio a una generalidad de personas al tratarse de una entidad de suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de negocio".
"La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento y de recapitalización del grupo financiero", subraya la Audiencia. "El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia ascendería a la suma de 23.465 millones de euros lo que supone, sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional", añade el instructor.
El titular del Juzgado número 4 cita como testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). No obstante, dichas citaciones no tienen todavía fecha porque, según las mismas fuentes, el juez interrogará a los imputados una vez que se les dé traslado de la querella.
En relación con la intervención judicial de la entidad solicitada por los querellantes, sobre la que informó en contra la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha convocado el próximo 23 de julio una comparecencia en la que serán citadas todas las partes personadas para adoptar una decisión.
Planes de pensiones y créditos a partidos políticos
En el auto, el juez instructor también admite toda la prueba documental solicitada por la formación de Rosa Díez, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 y de los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.
La Audiencia también pide a cada una de las cajas de ahorro que se integraron en Bankia detalles sobre "las operaciones de crédito, aval o garantía" que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 "en favor de miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la Ley del Mercado de Valores".
De igual modo, solicita que se detallen los créditos que se concedieron desde esa fecha a "los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros". También les insta a que se indique "la situación actual de los citados créditos".
Por otra parte, el magistrado Andreu pregunta si existen o han existido en este periodo "cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración".
Además, el juez solicita información sobre el plan de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas) destinado al Comité de Dirección de la entidad, las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones y retribuciones de cualquier naturaleza que habrían recibido desde el 1 de enero de 2007.
Toda esta información se reclama a las seis entidades que fundaron Bankia: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.