Tras el oxígeno obtenido en la cumbre europea de la pasada semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pisa el acelerador de las reformas y ajustes para refrendar ante sus socios europeos el inequívoco compromiso de España con a la reducción del déficit público. Los próximos Consejos de Ministros incluirán nuevos ajustes. Entre otras medidas se contempla la reforma de la administración que el Ejecutivo tenía previsto encarar en septiembre, pero que podría aprobarse en la reunión ministerial del 27 de julio, o incluso antes.
El Ejecutivo pretende lograr que el peso del sector público de todas las administraciones equivalga a un máximo del 35% del Producto Interior Bruto, frente al 43,6% que tiene ahora, según los datos del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea el pasado abril. El Ministerio de Hacienda aún perfila la memoria económica de esta reforma, pero fuentes del Gobierno cifran en unos 80.000 millones de euros el ahorro que se pretende lograr en toda la legislatura.
Un ambicioso tijeretazo que supondrá el "despido de miles" de empleados públicos que podrá ejecutarse gracias a la reforma laboral aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso. Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas públicas estatales, los interinos de las tres administraciones y todo aquel trabajador público, excepto los que hayan ganado su plaza mediante una oposición. Es decir, los funcionarios quedan a salvo del tijeretazo. En concreto, según fuentes oficiales consultadas por el elEconomista, el recorte en la plantilla de empleados públicos podría ascender a cerca de 300.000 personas.
El Gobierno quiere podar todas las administraciones porque considera sobredimensionada la actual plantilla laboral de las administraciones públicas, que supera los 3,16 millones de los trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las comunidades autónomas, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la administración central, y las empresas e instituciones públicas, más de 150.000. Una medida que un dirigente del PP califica de "muy dolorosa", pero imprescindible.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió en febrero al resto de departamentos un informe en el que se detallase todos los organismos prescindibles o susceptibles de ser privatizados, datos que algunos ministerios aún no han remitido. Una de las principales dificultades de este ajuste es que el Gobierno central sólo puede acometerlo en las sociedades que estén bajo su control. El problema es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos aglutinan un total de 2.372 empresas públicas, de las 626 son fundaciones y 1.055 consorcios, sobre las que el Ejecutivo central no tienen competencias.
Monti anuncia un recorte del 10% de empleos públicos
Pero España no es la única. El jefe del Ejecutivo italiano, Mario Monti, ha declarado el martes que reducirá en un 10% el personal dependiente de la administración -lo cual equivaldría precisamente a esos 300.000 empleos menos que estudia el Gobierno español- y un 20% los dirigentes de las empresas públicas para no tener que subir el IVA. El primer ministro italiano ha hecho este anuncio en una reunión con representantes locales y regionales, no de forma oficial, lo que no evitado desatar las alarmas de los sindicatos, que ya han amenazado con una huelga general.
Monti ha aclarado que los despidos son necesarios para mantener saneadas las cuentas del país evitando el aumento del 2% del IVA previsto para octubre. En lo que va de año, Italia ha anunciado recortes de más de 4.200 millones de euros en el gasto público, aunque Monti ha declarado que no son suficientes porque el terremoto que devastó en mayo la norteña localidad de Reggio-Romagna ha obligado a crear fondos de emergencia. Según fuentes de la agencia Reuters, los recortes podrían llegar a los 7.000 millones en 2012.
Monti y la canciller de Alemania, Ángela Merkel, se reúnen este miércoles en Roma en una cumbre bilateral sobre la que planeará la crisis financiera y que supone el primer encuentro de ambos mandatarios, después del Consejo Europeo de Bruselas de los pasados 28 y 29 de junio.