El Tribunal de Cuentas ha presentado un detallado y pormenorizado informe sobre la ejecución presupuestaria de varios ayuntamientos cuyas prácticas habían levantado ciertas sospechas en el órgano administrativo.
Uno de ellos ha sido Alcorcón, la ciudad cercana a Madrid gobernada por el PSOE hasta mayo de 2011, conocida por proyectos faraónicos como el CREAA y que, según había denunciado el PP, se habría convertido en una de las más endeudadas de España.
El Tribunal de Cuentas, de hecho, ha confirmado que la deuda del municipio es, tal y como había denunciado el PP, de nada más y nada menos que 612 millones de euros. Pero además el informe, que todavía está en fase de alegaciones pero que es de una dureza importante, desvela otros comportamientos que resultan más que dudosos desde el punto de vista contable.
Solbes permitió créditos ilegales
Una de las revelaciones más sorprendentes es que el anterior equipo de gobierno de la ciudad, recordemos que dirigido por el ahora senador y parlamentario regional Enrique Cascallana, pidió en 2008 varios créditos por un montante total de 44 millones de euros.
Se da la circunstancia, tal y como apunta el propio informe, de que estos créditos deberían haber sido aprobados por el Ministerio de Economía en virtud del artículo 23 del Texto Refundido de la Lay General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP), pero no consta que el ayuntamiento de Alcorcón solicitase dichos permisos a pesar de que el interventor municipal advirtió que era necesario.
Pero todavía sería más grave otro aspecto de esta operación: si bien no se había producido una notificación oficial al Ministerio de Economía y Hacienda, según el Tribunal de Cuentas el ministerio por entonces dirigido por Pedro Solbes sabía que estos créditos se estaban pidiendo y tampoco intervino para evitarlo, algo a lo que estaría obligado según el artículo 10 de la citada TRLGEP.
El Tribunal de Cuentas señala también que los préstamos podrían haber incumplido con lo marcado por otra importante norma legislativa: la Ley de Haciendas Locales.
La operación, además, habría comprometido de forma muy grave las finanzas de Alcorcón y todavía afectan gravemente las cuentas del municipio. De hecho, tal y cómo ha contado el actual alcalde de la ciudad, el popular David Pérez, en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los aspectos clave del informe: "Nada más pedir los créditos se empezó a incumplir con los pagos".
"Ojala el ministerio hubiese impedido esos créditos", ha lamentado Pérez tras pormenorizar los problemas que le está suponiendo a su administración el fenomenal volumen de deuda que soporta la ciudad que, tal y como ha reconocido en la misma rueda de prensa paga "algo más de un millón de euros al año en intereses".
Hay que recordar, además, que en esta época y basándose en las mismas leyes el Ministerio de Economía negó al ayuntamiento de Madrid no ya para adquirir nueva deuda sino incluso para refinanciar la ya existente, lo que provocaba las amargas quejas del hoy ministro de Justicia.
Vulneración de la prelación de pagos
Otro aspecto del demoledor informe del Tribunal de Cuentas es que certifica que el ayuntamiento presidido por Cascallana habría vulnerado la prelación de pagos, es decir, a la hora de devolver las deudas en lugar de seguir el orden que establece la ley.
En lugar de eso, se hicieron pagos sin respetar el orden legal, lo que tal y como ha contado David Pérez "afectó a numerosos acreedores". De hecho, el grupo popular en el ayuntamiento ha denunciado hasta 800 pagos realizados por el anterior equipo de gobierno.
"El informe es demoledor"
Durante la presentación del informe en el ayuntamiento de Alcorcón, David Pérez se ha mostrado muy duro con el PSOE y el anterior alcalde, Enrique Cascallana, destacando además que el informe le da la razón a muchas de las críticas que ha venido realizando el PP en los últimos años, ya que "no puede haber mejor auditoría ni análisis mas certero que el del tribunal de cuentas".
Además, se ha referido a las responsabilidades, no sólo políticas, que podrían derivarse de alguna de las revelaciones incluidas en el informe y que, según Pérez, "son ineludibles". El alcalde ha asegurado que tienen "plena confianza en la Justicia" y que, por tanto dejarán "que el proceso siga su curso, no queremos ser un elemento que lo distorsione".
Y es que a partir de la presentación de este informe se abre un proceso que podría terminar en los juzgados: para empezar hay veinte días para que los afectados hagan las alegaciones que estimen oportunas, después se elevará al pleno del tribunal, se incorporarán las aportaciones de la abogacía del Estado y la Fiscalía, se aprobará definitivamente e el proyecto y, finalmente, se mandará a la comisión mixta del Congreso y el Senado.
Mientras tanto, el alcalde se ha mostrado convencido de que a la vista de los datos revelados, Enrique Cascallana, el PSM "e incluso el PSOE a nivel federal" debería reflexionar sobre las responsabilidades políticas que se derivan de esta gestión que, como ha recordado Pérez, hasta ahora ha venido siendo avalada por Tomás Gómez "como un ejemplo para toda la Comunidad".