Superadas las elecciones en Grecia, con el resultado menos malo de los posibles, los peligros que amenazan la estabilidad del proyecto europeo no han disminuido lo más mínimo. En el caso de España, la jornada de ayer supuso una nueva subida de la prima de riesgo a un nivel que hace inviable en la práctica la supervivencia de nuestra economía sin un rescate exterior en toda regla. Pero no sólo son Grecia y España las economías afectadas directamente por esta escalada de desconfianza internacional en sus posibilidades de recuperación, sino el sistema económico europeo en su conjunto el que está siendo cuestionado a causa de la inacción de sus instituciones más relevantes.
No existe una explicación racional para justificar el estupor de los organismos financieros de la UE ante el deterioro alarmante de la zona Euro, sin que sus responsables sean capaces de actuar con los instrumentos que la legislación europea pone a su servicio en estos casos. La negativa de Alemania a poner en marcha tales mecanismos está siendo determinante, pero de nuevo cuesta mucho entender las razones por las que la principal economía de la Unión Europea prefiere poner en riesgo la supervivencia de todo el sistema cuando es evidente que, en último término, el país germano será el principal perjudicado.
Es cierto que la clase política griega ha abusado de la confianza de los europeos llevando a aquél país a una situación límite y que el gobierno de España, el segundo país más afectado por la crisis, ha actuado dolosamente en los últimos años sin que el actual ejecutivo haya decidido acometer de una vez las grandes reformas administrativas que exige un país sobredimensionado en sus instituciones accesorias. La necesidad de poner orden en las cuentas de las naciones más afectadas es algo que nadie medianamente consciente se atreve a discutir, pero la coyuntura del momento presente exige la intervención inmediata de las instituciones europeas, porque las actuales tensiones financieras socavan gravemente la estabilidad necesaria para avanzar en las reformas que las economías más débiles necesitan de forma imperiosa.
Un país como España no puede llevar adelante su programa de recuperación económica con los mercados de deuda soberana técnicamente cerrados y la sombra del rescate internacional planeando constantemente sobre el horizonte. No se trata de sacar ventaja de una situación límite, sino de que las instituciones continentales actúen con los instrumentos legítimos a su servicio, de forma que la tarea de los países comprometidos con el futuro de la Unión pueda llevarse a cabo con la necesaria estabilidad.
El gobierno alemán, que debería ser por su importancia en el conjunto europeo el primer interesado en salvar la moneda única, parece ajeno al progresivo descrédito mundial de Europa como proyecto político de futuro. Ningún otro país se vería más perjudicado que Alemania si finalmente el sistema salta por los aíres, por lo que resulta doblemente extraña la cerrazón de Merkel a transigir con medidas puntuales que alejen las dudas sobre el porvenir de la UE.
Tarde o temprano la canciller alemana tendrá que decidirse. Si quiere salvar al Euro, y por extensión a la UE como realidad política con la que seguir avanzando en una Europa fuerte y unida, habrá de transigir siquiera temporalmente en la ortodoxia impuesta al BCE. Si prefiere seguir su camino en solitario y hacer que sus ciudadanos acaben experimentando a medio plazo la ruina de los países periféricos, sólo tiene que seguir como hasta ahora, ajena al clamor de los países afectados, del G-20, de Estados Unidos y de todas las voces autorizadas, que llevan semanas advirtiéndole del inminente desplome de un proyecto común cuyo destino Alemania tenía y sigue teniendo la responsabilidad de liderar.