Ya es oficial. España ha pasado este sábado a engrosar formalmente el listado de países de la zona euro que se han visto obligados a solicitar ayuda internacional para afrontar sus problemas financieros, tras el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal. Después de varias jornadas de intensos rumores, presiones externas y negativas a nivel interno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha comparecido esta tarde para anunciar oficialmente la solicitud de rescate europeo aunque, a diferencia de los casos anteriores, cuenta con ciertas características propias.
La petición de ayuda se ha producido al término de la reunión de urgencia -vía videoconfernencia- de los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo, en la que se ha acordado conceder a España un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear el sector financiero, según el comunicado difundido. Este dinero procederá del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM).
A cambio, el Eurogrupo condiciona la ayuda al cumplimiento por parte de España de "reformas específicas" en el sector financiero, incluyendo "planes de reestructuración" en línea con las reglas comunitarias de ayudas de estado y reformas estructurales horizontales. De este modo, se excluye inicialmente la exigencia de acometer nuevas reformas y ajustes fiscales a nivel macroeconómico.
Lo primero que llama la atención es la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Preguntado sobre esta cuestión, De Guindos lo ha excusado señalando que es él, y no Rajoy, como miembro del Eurogrupo, el que ha participado en la videoconferencia de ministros de Economía de esta tarde. Lo segundo es el nuevo concepto que ha empleado de Guindos para referirse a esta ayuda externa, al tildarla de "apoyo financiero", algo que, según él, "no tiene nada que ver con un rescate". El tercer punto a destacar ha sido su afirmación de que "en absoluto" el Gobierno se ha sentido presionado para pedir ayuda a Europa, lo cual contrasta con las firmes declaraciones efectuadas en esta dirección por parte de la mayoría de líderes europeos, incluido el propio Ejecutivo estadounidense, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE). Por último, el ministro se ha esforzado en señalar que esta petición de rescate a la UE en ningún caso conllevará la exigencia de reformas y ajustes fiscales extra.
Préstamo al Estado vía FROB
Efectivamente, tras la petición formal de España, el Eurogrupo ha acordado este sábado conceder al Gobierno un préstamo "en condiciones muy favorables", según De Guindos, por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Los Fondos de rescate europeos facilitarán este dinero al Fondo de rescate bancario español (FROB), un organismo estatal ideado para salvar a las entidades nacionales con problemas de solvencia. Es decir, Europa prestará dinero al Estado español -vía FROB-, y éste lo empleará exclusivamente para inyectar capital al sector financiero nacional. Dicho préstamo, cuyas condiciones se conocerán en las próximas semanas, gozará en todo caso de un tipo de interés (coste para el Estado) inferior al que exige el mercado en estos momentos para comprar deuda pública española.
Según el ministro, la cantidad máxima estipulada, 100.000 millones de euros, es "extremadamente creíble y no deja lugar a dudas sobre la capacidad de recapitalización que tendrá el FROB sobre el sistema financiero español". El Ejecutivo, no el Eurogrupo, será el encargado de determinar la petición concreta de ayuda una vez que disponga de los resultados de las firmas independientes (Roland Berger y Oliver Wyman) que están auditando a la banca española, conociéndose así las necesidades de capital exactas que precisa el sector. En este sentido, el titular de Economía ha asegurado que "tal como dice el informe emitido por el FMI, no todas las entidades financieras españoles necesitan capital", ya que "el problema del sistema financiero está definido en un 30% del sector". En la madrugada de este sábado, el FMI emitió un informe en que estipulaba unas necesidades financieras de más de 40.000 millones de euros para recapitalizar a la banca española.
Además, aquellas entidades del otro 30% que sí que requieran capital "tendrán que presentar un plan de recapitalización, por el que quizá soliciten ayuda para una parte y otra lo puedan levantar en el mercado, y no requieran ayuda para ella", ha indicado el titular de Economía. "Muchas entidades no precisarán nada".
De Guindos también ha indicado que "en los próximos días" se determinará si el "apoyo financiero" que reciba España provendrá del EFSF o el ESM que entra en vigor el próximo mes de julio. Así, el ministro ha asegurado desconocer cuándo empezarán a llegar los fondos a España. Por el momento, lo que se ha realizado este sábado es tan sólo "una declaración política desde el punto de vista de apoyo financiero, que ha recibido el apoyo absoluto del Eurogrupo".
Efectos directos e indirectos del rescate bancario
A cambio del rescate, las autoridades comunitarias exigirán una serie de condiciones a las entidades que se beneficien de dicho mecanismo. Es decir, un nuevo plan de reestructuración financiera que será marcado por Bruselas, el BCE y el FMI. En este punto, el Eurogrupo enfatiza que el FROB, que actuará como agente para el Gobierno español, puede recibir los fondos y canalizarlos al sector financiero afectado, pero el Ejecutivo tendrá la "plena responsabilidad" de la asistencia económica y tendrá que firmar un Memorando de Entendimiento con sus socios de la eurozona.
Y ello, en principio, sin necesidad de medidas económicas o fiscales extra aunque, eso sí, el Eurogrupo aclara que seguirá vigilando "estrechamente" que España cumple su actual programa de ajuste para eliminar su déficit excesivo y aplica reformas estructurales para potenciar el crecimiento. En este ámbito, el párrafo clave del comunicado es el siguiente:
El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas será revisado estrecha y regularmente en paralelo con la supervisión financiera.
De este modo, aunque el Gobierno insiste en que el Eurogrupo no exige medidas extra, en realidad condiciona implícitamente la ayuda al cumplimiento estricto de los objetivos de déficit y la aplicación de reformas económicas.
Además, el rescate financiero implica ciertos efectos. Por un lado, su impacto directo es que, al tratarse de un préstamo internacional, dicha inyección de dinero se contabilizará como deuda pública. Según las previsiones del Gobierno, España cerrará este año con un nivel de deuda próximo ya al 80% del PIB de forma que, en caso de consumir los 100.000 millones facilitados, la deuda crecería hasta la cota del 90% del PIB. Mientras, los intereses de este préstamo, pese a ser más favorables a los que exigiría el mercado, se contabilizarían a nivel presupuestario (gasto público anual), lo cual tendrá un impacto indirecto sobre el déficit público, obligando así al Gobierno a poner en marcha nuevas medidas de ajuste fiscal para poder cumplir con el objetivo marcado por Bruselas -España cerró 2011 con un déficit del 8,9% del PIB y tiene que reducirlo este año hasta el 5,3%. Por último, cabe recordar que la normativa europea obliga a contabilizar como déficit la inyección de dinero público que sirva para cubrir pérdidas en las entidades financieras nacionalizadas.