La terrible situación de nuestro mercado de trabajo es la peor consecuencia de la crisis que atravesamos en nuestro país. Elevada tasa de paro, rigidez, dificultad para entrar o dualidad entre fijos y temporales son algunas de sus singularidades contra las que tendremos que luchar y para lo cual vamos a contar con una reforma laboral, encaminada en la buena dirección, que ahora se encuentra en el Senado dentro de su trámite parlamentario previo a su aprobación definitiva.
Vamos a necesitar todas las herramientas posibles para solucionar también la disfunción existente en nuestro mercado de trabajo. El número de ofertas de empleo que se generará próximamente no va a ser muy elevado y además no será sencillo casar la oferta con la demanda, por lo tanto van a ser más necesarias que nunca aquellas figuras garantistas y expertas que empujen en esa línea. Por eso me resulta fundamental aprovechar la reforma laboral para quitarle a la ETT todos los nudos que le impiden ser aún más eficiente. El propio Gobierno así lo evidenciaba en el texto de la reforma laboral publicado en el BOE manifestando la eficacia de esta herramienta de integración laboral, su nivel de garantías y la importancia de su papel en el mundo del empleo.
Sin embargo, aún hay que aprovechar los trámites parlamentarios para introducir pequeñas modificaciones de sólo carácter técnico a la obsoleta Ley de ETT, lo cual logrará darle más fuerza a esta figura, que es el auténtico motor de la agencia de empleo. La ETT tiene la mejor base de datos tanto de ofertantes como de demandantes de empleo, actualizada al día y con los mejores procedimientos para realizar un matching perfecto, así como un seguimiento del trabajador. Sabe muy bien lo que necesitan y, más importante aún, van a necesitar las empresas, aporta todas las garantías, tiene la obligación de invertir en la formación de sus trabajadores algo más que el resto de las empresas y es gratuito para los trabajadores, luego lo que hay que hacer es quitarle obstáculos en su desempeño. Debe introducirse un motivo especial para la contratación de estas empresas que sea el propio CPD (Contrato de Puesta a Disposición). Es decir, no se trata de descausalizar los motivos sino que la propia causa sea esa precisamente. De esta forma, se estará centrando a la ETT en la auténtica temporalidad que es aquella con una duración inferior a aproximadamente un año y se evitará tener que hacer varios contratos a los trabajadores porque la empresa de trabajo temporal podrá celebrar un único contrato de trabajo con la persona para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición sucesivos. Por lo tanto, se gana en transparencia en la temporalidad y en reducción de ese concepto hasta limitarlo al que es realmente necesario para cualquier economía.
Tampoco tiene sentido que la ETT sea la única empresa que no puede realizar contratos de formación. Cualquier debate laboral básico desmonta esta ridícula prohibición típica de economías intervenidas por los estados.
Por último, este sector aún arrastra prohibiciones que pertenecen a otras épocas, como, por ejemplo, la prohibición de poder celebrar contratos con el sector público. Esta limitación, además de ser injusta, porque a nadie se le obliga contratar a través de estas empresas, choca frontalmente con la Directiva de ETT de noviembre de 2008, aceptada por nuestro país. En este caso, la ETT se convierte en una aliada profesional, objetiva y eficaz para que las administraciones públicas puedan contratar de forma inmediata necesidades puntuales de recursos humanos para ofrecer un determinado servicio a los ciudadanos.
Una vez que se ha asumido la eficacia de la intermediación privada es labor del actual Gobierno eliminar obstáculos para que la ETT, también en España, pueda favorecer la incorporación al mercado laboral, al tiempo que reduce la temporalidad y la rotación de los trabajadores en un gran marco de garantías.