La Comisión Europea presentará este miércoles sus propuestas sobre cómo liquidar las entidades sistémicas con problemas, de forma que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen en el futuro la factura en caso de quiebra de un banco. Se trata de evitar, como ha ocurrido durante la actual crisis, que sean los gobiernos los que vuelvan a inyectar millones de euros de dinero público para salvar a la banca.
Bruselas quiere que se cree una red europea con fondos de resolución de cada Estado miembro -que en el caso de España equivaldrían al fondo de garantía de depósitos-, pero impondrá la mutualización de los fondos para los bancos transfronterizos con el objetivo de compartir la carga y obligará a los fondos nacionales a prestarse entre sí, según han avanzado fuentes comunitarias. Estos fondos estarían prefinanciados con contribuciones de las propias entidades y se usarían en última instancia.
"A corto plazo tienen que crearse fondos nacionales con la mutualización de aquellos fondos que aborden los bancos transfronterizos y la obligatoriedad de prestarse entre los fondos. De manera que es el embrión de un mecanismo de financiación europeo", han explicado fuentes comunitarias. "En los últimos días ha habido mucha discusión –y seguiremos discutiendo– sobre la creación del fondo supranacional de resolución, que quizá aborde la financiación de la reestructuración de los bancos de manera general", han precisado las mismas fuentes.
La propuesta legislativa que presentará este miércoles el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, "no es una respuesta a las turbulencias en los mercados financieros de las últimas semanas" y no se presenta "para dar respuesta a problemas actuales de bancos específicos" en clara alusión a entidades como Bankia, han explicado fuentes comunitarias.
El marco de gestión de crisis, pilar de la futura unión bancaria
El marco de gestión de crisis que presenta Bruselas es uno de los tres pilares que el Ejecutivo comunitario y el Banco Central Europeo (BCE) han propuesto para crear una "unión bancaria", cuyo objetivo es frenar la crisis de deuda y los problemas bancarios, especialmente en España. Las otras dos ideas, que se discutirán en la cumbre de líderes europeos del 28 y 29 de junio, son un sistema europeo de garantía de depósitos y una mayor coordinación de la supervisión.
El BCE ya ha alertado no obstante de que no es suficiente poner en marcha una red europea de mecanismos de resolución, sino que habría que fusionarlos y crear un fondo de liquidación único para las entidades sistémicas. Así se lograría desconectar a los bancos de la deuda pública y se permitiría un reparto más fácil de la factura entre los Estados miembros en caso de quiebra.
Se trata de evitar en el futuro la existencia de "bancos demasiado grandes para quebrar" y que por tanto se sienten libres de incurrir en riesgos excesivos por considerar que siempre serán rescatados.
Medidas escalonadas y Esquema de Garantías de Depósitos
El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE incluirá un arsenal completo de medidas que se irán desplegando en la medida que lo exija la gravedad de la situación. Con carácter preventivo, el Ejecutivo comunitario quiere que los bancos, especialmente las entidades transfronterizas, elaboren 'testamentos vitales' en los que se detalle cómo realizar una liquidación rápida y ordenada de la institución en caso de problemas y no podrán obtener ayudas públicas más allá de la asistencia a la liquidez por parte del Banco Central Europeo.
Desde el momento en que se detecten las primeras dificultades, los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el control. El cambio de los gestores del banco será por principio uno de los primeros pasos exigidos y se podrá nombrar a un gestor especial con carácter temporal, según han confirmado fuentes europeas.
En un segundo momento, cuando la quiebra sea inevitable, la Comisión quiere que las autoridades nacionales dispongan de poderes, cuando existe "un interés público" que lo justifique, para preservar la estabilidad financiera y forzar su venta a una entidad sana, transferir todos o parte de sus activos a un banco puente que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y gestionar la liquidación de manera ordenada o separar los activos tóxicos de los no tóxicos con el objetivo de liquidar sólo a los primeros. Se permitirá "la revisión judicial" para garantizar "una compensación" para la entidad bancaria, pero no habrá posibilidad de "revertir" estas decisiones, que en todo caso deben adoptarse "lo más próximo al punto de insolvencia".
Bruselas propone criterios armonizados para determinar cuándo es inevitable la quiebra. La autoridad nacional responsable deberá determinar para ello que no es posible garantizar la viabilidad o la solvencia de la entidad y "no hay perspectivas alternativas del sector privado o acción de supervisión que impida su quiebra en un plazo razonable" y garantizar que "la resolución sea necesaria para el interés público para preservar la estabilidad financiera".
En este caso extremo, Bruselas propondrá que los acreedores asuman parte de los costes mediante la aplicación de un descuento a la deuda que poseen. Para cubrir los costes que no puedan ser asumidos por accionistas y acreedores, se recurriría al fondo de liquidación o resolución, aunque la legislación relativa al rescate no entraré en vigor hasta 2018, según han explicado fuentes comunitarias.
Bruselas ha establecido de forma "muy clara" no obstante que, en caso de que se necesitan absorber pérdidas de la entidad, primero se utilizará el capital de la propia entidad y de forma sucesiva su capital de máxima calidad, el Core tier 2 y, sólo después, a la deuda subordinada de la entidad primero y posteriormente a la de los acreedores y accionistas.
No se permitirá recurrir, por ejemplo, a las garantías para depósitos de clientes. "Primero hay que cubrir los depósitos", han justificado fuentes comunitarias. Las contribuciones ex ante que se exigirán a las propias entidades para ello se elevarán hasta el 1% de los depósitos cubiertos a lo largo de un plazo de diez años.
Bruselas propone que el bautizado como Esquema de Garantías de Depósitos se pueda utilizar bien para proteger los depósitos cubiertos de particulares en exclusiva y un fondo de resolución separado para cubrir costes de reestructuración de la entidad o que los Estados miembros decidan si quieren fusionar ambos fondos. Si este fondo no tiene suficiente capital para pagar todos los depósitos en el futuro, las entidades bancarias deberán aportar "los fondos necesarios".
"¿Un Gobierno será autorizado a hacer un rescate normal de un banco como hasta ahora (con ayudas públicas) según nuestra propuesta? La respuesta es no. La idea es que hay que utilizar los instrumentos de resolución antes de utilizar dinero público o a la vez", han explicado fuentes comunitarias que han dejado claro que la propuesta da el mismo tratamiento a las entidades, estén nacionalizadas o no.
Admite que su propuesta no vale para tratar a Bankia
El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, ha dejado claro que la propuesta que ha presentado este miércoles para crear fondos de resolución nacionales para hacer frente a eventuales quiebras de bancos con contribuciones de las propias entidades bancarias no sirve para resolver el problema de recapitalización de Bankia.
"No puedo decir que esta propuesta vaya a tratar el caso de Bankia y de la banca española. Lo que puedo decir es que lo que se propone se hace precisamente para evitar una situación así en el futuro. En España y en el resto", ha explicado el comisario en rueda de prensa durante la presentación de su propuesta para avanzar en la creación de una unión bancaria en Europa, en la que ha recordado que lleva trabajando dos años.