El gobernador de un banco central de la zona euro, que no de una república centroafricana, huyendo por la puerta de servicio antes de que acabe su mandato. Y amenazando con tirar de la manta como un Javier de la Rosa cualquiera. Mientras tanto, los contables de dos despachos particulares revisando, una a una, las cuentas bendecidas por el que fuese más prestigioso cuerpo de funcionarios de la Administración toda, el de inspectores del Banco de España. Quizá quepa forma distinta de hacer mayor daño a la imagen institucional del país en una encrucijada histórica, pero, la verdad, cuesta trabajo imaginarlo. Al respecto, solía decir el difunto Francisco Fernández Ordóñez que España es un lugar en el que siempre hay que andar luchando por lo obvio. Y obvio empieza a revelarse que durante el sexenio último la suprema institución financiera de la nación ha recaído en manos de un frívolo.
Un gobernador que nunca encontró tiempo para dedicarse a la muy tediosa labor de auditar balances, ocupado como estaba en impartir magisterio al Ejecutivo sobre lo humano y lo divino. Arbitrismo, el del fugado, que ha acabado pasando una factura de decenas de miles de millones de euros a los contribuyentes. El precio de la alegre socialización de los fiascos privados auspiciada por la oportuna dispersión del gobernador. ¿Por qué no dejar caer a los zombis sin quebranto para el Estado?, se preguntan algunos ingenuos estos días. Pues por la sencilla razón de que las pérdidas ya le habían sido endosadas mucho antes al erario, tal como ha escrutado Luis Garicano.
De ahí que, si ahora se nacionalizaba, el Estado perdía; y si no se nacionalizaba, perdía igual. Un ejemplo, la CAM, espectro que hasta el botones sabía quebrado allá por 2010, emitió entonces 5.811.000.000 euros en deuda avalada por el Banco de España. El gobernador, faltaría más, pudo imponerle los requisitos de solvencia que considerase oportunos. En el asunto que nos ocupa, huelga decir que ninguno. Así, ante la prodigalidad del Midas Mafo, de nada serviría aquella cláusula del Real Decreto que permitía la exclusión de entidades de esa lluvia de maná si el regulador lo estimara conveniente. En fin, idéntica historia, aunque por un monto de 31.406.000.000 euros, se repetiría en el caso de Bankia. Calderilla, debe de pensar Mafo. La intervención está servida.