España tendrá que hacer mucho más si quiere recibir algo más que buenas palabras de Alemania o la Unión Europea. Éste podría ser el resumen de lo que este miércoles se ha vivido entre Madrid, Berlín, Bruselas y Fráncfort.
Toda la política económica del Gobierno se ha puesto en cuestión con un durísimo informe de la Comisión Europea en el que se advierte que lo aprobado hasta ahora va "en la buena dirección", pero se queda corto para hacer frente a los retos que tiene el país por delante. Y a esta advertencia, se ha sumado el toque de atención de Alemania en lo que respecta al rescate de los bancos: no habrá dinero de la caja común para salvar al sistema financiero español. Incluso el BCE, en el que el Gobierno confiaba para ayudar a sanear la banca (empezando por Bankia) ha cerrado la puerta a la opción planteada desde Madrid.
¿La respuesta de Moncloa? Habrá más reformas y se acelerarán los plazos de algunas de las anunciadas. La sensación, sin embargo, es que Rajoy ha perdido el pulso que estaba echando con las instituciones europeas, pidiendo más tiempo a cambio de meras promesas. Ha llegado el momento de los grandes cambios.
¿Suficiente?
Es evidente que el Gobierno del PP ha aprobado muchas y muy variadas reformas desde que está en el poder. Estos cinco meses han sido pródigos en todo tipo de anuncios, especialmente en el área económica. Por eso, la sensación de Moncloa era, hasta hace unos días, que España estaba haciendo lo suficiente, una visión que se transmitía a los grandes países de la UE. Cada poco tiempo, se pedía al BCE, la Comisión o Alemania un gesto que aliviase la situación española, como contrapartida a los esfuerzos que se estaban haciendo.
El problema es que desde Bruselas y Berlín se tiene una visión completamente diferente. De hecho, el documento de la Comisión Europea de este miércoles ha sido un duro despertar para el Gobierno. Como en cualquier informe comunitario, prima el lenguaje diplomático: "España está haciendo esfuerzos", "marcha en el buen camino" o confiamos en que cumpla con el objetivo de déficit. Pero aquí se acaban las buenas palabras.
En las cuestiones sustantivas, lo que el Gobierno comunitario pide es que se avance en la dirección actual. Tampoco es una crítica absoluta, que descalifique lo que se ha hecho. Lo que Bruselas pide es más ambición. Leyendo el documento saca uno la impresión de que Rajoy se ha quedado a mitad de recorrido en los aspectos fundamentales de su política económica. Y ése es el mensaje que Alemania, el FMI o los analistas internacionales han repetido una y otra vez en las últimas semanas: "Lo que se ha hecho no está mal, pero no será suficiente".
- Deuda y déficit: pese a las peticiones del Gobierno, la última de la pasada semana, la UE no socorrerá a España. El BCE no actuará de forma directa ni en los mercados de deuda ni para sanear la banca. Alemania se niega. Tampoco el organismo permitirá hacer enjuagues con Bankia, como pasarle deuda pública directamente para que la entidad la coloque en Francfort como garantía. Si España quiere rescatar a sus bancos (y la Comisión cree que las cosas en el sector podrían empeorar), tendrá que hacer esfuerzos suplementarios en la reducción del déficit. Y atar corto a las comunidades autónomas. Sólo si se aprueban las reformas que pide la UE se podría llegar a abrir la mano y otorgar un año más, hasta 2014, para cumplir con el 3% de déficit.
- Impuestos: Bruselas ha sido meridianamente clara. Subir impuestos directos (IRPF y Sociedades) "daña claramente" el crecimiento económico. Si el Gobierno quiere recaudar más, debe aumentar el IVA, uno de los más bajos de la UE. Y las cotizaciones sociales también deben caer, para mejorar la competitividad de las empresas. Vamos, que se atacan las medidas aprobadas hasta ahora y se pide que se apliquen justo las que Cristóbal Montoro se niega a aceptar.
- Mercado laboral: quizás esta parte sea la que más daño ha hecho a Rajoy. Desde el Ministerio de Trabajo se presentó la reforma laboral como un cambio histórico en la legislación española. Pues bien, este miércoles la Comisión ha dicho claramente que se queda a medio camino, que no flexibiliza lo suficiente el mercado, que no será sencillo para las pymes acogerse a las cláusulas de descuelgue y que no acabará con el mercado laboral dual (entre indefinidos y temporales). Por si esto fuera poco, también cuestiona la eficacia del INEM (ahora SPEE) y critica las políticas activas de empleo. Son apenas 25-30 líneas, pero suponen un torpedo en la línea de flotación de una de las reformas más ambiciosas del Ejecutivo. Ni siquiera ésta pasa el examen de Bruselas.
- Liberalización: por último, la Comisión hace un catálogo completo y razonado de cuestiones en las que ni siquiera se ha empezado a modernizar la economía española. Entre sus objetivos, están la burocracia, las administraciones públicas, la unidad de mercado, los sectores intervenidos y los servicios.
El Gobierno se defiende con sus anuncios de que cada viernes llegará una nueva reforma. Pero el ritmo no es suficiente. Desde Bruselas y desde Berlín se pide más rapidez. Los ciudadanos del norte de Europa están hartos de promesas. Hay que recordar que España ha incumplido seriamente con el último dato de déficit conocido. Pese a todas las advertencias y la gravedad de la situación, en 2011 las administraciones públicas acabaron el año con unos números rojos equivalentes al 8,9% del PIB cuando el objetivo era el 6%. Son casi 30.000 millones de euros de diferencia. Eso es lo que cala en la opinión pública europea y en el ánimo de los inversores. El tiempo de las promesas ya se ha acabado. En Europa quieren hechos y los quieren cuanto antes.