El derecho a opinar, y hacerlo libremente, corresponde a cualquier ciudadano y a todo ciudadano. Es más, la opinión, cierta o errónea, es la plataforma desde la que el sujeto toma sus decisiones personales que, cuando llegan a ser colectivamente coincidentes, condicionan positiva o negativamente la vida en sociedad. De aquí que al político debe de interesarle conocerla y, en la medida de lo posible, ofrecerle información para que aquella coincida con la realidad.
Permanecer ajenos a lo que piensa el pueblo, con o sin fundamento, es una forma de suicidio de gobernantes y, en general, de los poderosos. De hecho, esta desconexión ha sido causa de revoluciones y derrocamientos históricos. De aquí la importancia de que, conocedores de lo que piensa una parte sustantiva de la sociedad, los gobernantes salgan al paso de hipótesis, probablemente erróneas, explicando con transparencia los pormenores de lo que conformará la opinión popular.
Hace meses que percibo, cada vez con más frecuencia, la rebeldía de no poca gente que observa las entregas de recursos para sanear el sistema bancario –Bancos y Cajas de Ahorros–, al tiempo que ven restringir las condiciones de prestación de los servicios públicos, con un mayor coste de acceso para los ciudadanos, los cuales, además, ven disminuir su renta disponible por la elevación de los impuestos.
¿Se puede explicar esto? No sé si se puede, pero de lo que no tengo duda alguna es de que se debe. Quien ha visto cerrar su empresa, porque se ha estrechado su financiación, le resulta poco aceptable que la dificultad de las entidades financieras –es decir, las quiebras o suspensiones de tales entidades– la venga a resolver el dinero público de todos los españoles.
Se dirá que el sector financiero es el sostén de los demás sectores económicos –al fin y al cabo las necesidades de financiación están presentes en todas las actividades económicas– por lo que su desmoronamiento arrastraría al resto de las actividades, siendo ésta la razón de los esfuerzos para su sostenimiento. No sé si convencerá la argumentación, pero, al menos, es una explicación.
Lo que resulta más difícil de explicar es que, pese a ello, pese a las tropelías de algunos de sus gestores, pese a las irregularidades y pese a la corrupción frecuente de sus decisiones, no se haya visto todavía castigo alguno que suponga un coste para quien cometió tales desafueros. Es más, que hay casos en los que se tiene la desfachatez de reclamar elevadas indemnizaciones por tener que dejar el empleo causante de la debacle.
Y no vale la explicación de que ya se han fallado algunas inhabilitaciones, pues, la inhabilitación causa risa primero y sonrojo después. Estas personas de buen hacer, que no entienden cómo sus sacrificios se tornan en recursos abundantes para el sistema financiero, tienen derecho a una explicación convincente y a una ejemplaridad que distinga el bien del mal. Lo contrario, además de cruel, puede acabar siendo suicida.