De todas las medidas que ha adoptado el gobierno para luchar contra la crisis económica, tal vez la exención del trámite de licencia municipal para el pequeño comercio sea la que vaya en la mejor dirección. Ayer el gobierno tomó la decisión de evitar los engorrosos trámites administrativos que eternizan la apertura de pequeños y medianos negocios, lo que sin duda redundará en un incremento progresivo de la actividad económica en nuestras ciudades, claramente desplomada tras más de tres años de crisis.
El proceso para legalizar un establecimiento no sólo consume tiempo y energías del emprendedor que decide jugarse su patrimonio persiguiendo una determinada idea comercial, sino también mucho dinero por el transcurso del plazo improductivo que va desde que se realiza la inversión hasta que el empresario recibe los permisos para abrir su negocio al público. Como acertadamente ha expresado la vicepresidenta Sáez de Santamaría, en la tesitura actual los políticos no deben poner trabas a la actividad económica sino una "alfombra roja" a aquellos que se atreven a emprender en medio de tantas dificultades una aventura empresarial.
En un principio la exención de la actual licencia municipal se aplicará a locales de hasta 300 metros cuadrados pero es de esperar, como el propio gobierno ha adelantado, que ese beneficio se extienda a todo tipo de actividades abiertas al público de cuya implantación depende que se acelere la recuperación económica deseada por todos.
No es razonable que un pequeño negocio necesite entre seis y dieciocho meses para superar todas las trabas burocráticas de las distintas administraciones y obtener la ansiada licencia de apertura. En periodos de crecimiento es una injusticia que a nadie beneficia, pero en mitad de una recesión como la que España padece actualmente esta dilación injustificada es directamente letal.
La recuperación económica no va a venir de la mano de los políticos sino de los empresarios, capaces de detectar descoordinaciones sociales en zonas determinadas y de encontrar la forma de satisfacerlas en mejores condiciones que la competencia. Lo que corresponde a la administración es no entorpecer esta energía creativa con regulaciones que en muchos casos se revelan disparatadas y eso es algo que ha entendido bien el ejecutivo de Mariano Rajoy, a tenor de esta decisión impecable adoptada ayer por el Consejo de Ministros.
Solo cabe esperar que, como parece, no estemos frente a una medida aislada sino tan sólo ante un primer paso en la liberación de la economía de las trabas que venía ejerciendo la administración hasta este momento. Un aumento de las cotas de libertad siempre trae consigo mayores niveles de desarrollo, bienestar, crecimiento y empleo. Nunca como ahora necesitó tanto nuestro país aplicar a rajatabla esa sencilla ecuación.