Mariano Rajoy respiró algo más tranquilo tras comprobar el enorme esfuerzo que, a su juicio, están llevando a cabo las comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de déficit público, del 1,5% para el año en curso. Pero el Gobierno es consciente de que esos ajustes, duros y en áreas muy sensibles, de momento únicamente se plasman en el papel. Y de ahí que a partir de ahora se someterá a las regiones a un estricto control mensual. Un auténtico "tutelaje en la sombra" porque "no podemos permitirnos incumplir", en voz de una fuente autorizada.
Todo está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una vez los Gobiernos autonómicos han pasado el primer filtro de Hacienda, tendrán que enviar informes sobre la evolución de sus planes de saneamiento cada mes. El cambio es sustancial con respecto a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero: "No son mecanismos trimestrales y genéricos, sino mensuales", expuso la vicepresidenta, que aseguró en varias ocasiones que el Ejecutivo central podrá constatar "fácilmente" si las comunidades están haciendo o no sus deberes.
El asunto fue abordado en el Consejo de Ministros, en el que se felicitó a Cristóbal Montoro por el trabajo realizado. Ya al término, Soraya Sáenz de Santamaría arrancó su intervención elogiando el esfuerzo de todos, al lograrse "un auténtico pacto de Estado" pues "todos pensaron en el conjunto, y no en el ombligo de cada uno", se congratulan en Moncloa. "Un hito muy importante" que da vida al modelo autonómico, en voz de la portavoz.
"Las comunidades han logrado un acuerdo para fijarse un objetivo común y de primer magnitud, que es el control del déficit. Quiero en nombre del gobierno agradecer la responsabilidad en el camino que ahora", expuso la vicepresidenta. Ahora bien, también dejó claro que las líneas rojas siguen ahí y que el Estado no va a permitir que se traspasen. "Será objeto de control por parte de Hacienda", remachó, destacando de igual forma el papel regulador del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
"Habrá un control en términos homologables y transparentes para todos los ciudadanos", insistió Sáenz de Santamaría. Si en alguno de los controles saltaran las alarmas porque alguna comunidad deja de cumplir sus compromisos, el Gobierno le obligará a crear un depósito y si insiste en la irregularidad habrá sanción e incluso se enviará una delegación de Hacienda para que audite sus cuentas. La última opción será la intervención, a la que las regiones podrán acogerse voluntariamente si creen que no podrán alcanzar la meta prevista.
Caso particular es el de Asturias, que tendrá su última prueba de fuego en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en un plazo de quince días naturales. No se le dará más tiempo. Entonces, "el plan de ajuste será revisado por Hacienda y todos los consejeros allí reunidos tendrán que dar su aval", explicó la vicepresidenta.
Con la imagen de las comunidades remando como si fueran una, el Gobierno entiende que se da un mensaje decisivo a la Unión Europea, en el sentido de que la Ley de Estabilidad empieza a dar sus frutos y el país en su conjunto está comprometido. Sáenz de Santamaría asegura que seguirán las reformas para conseguir la "reordenación" del Estado que permita transmitir confianza.