El espectáculo ofrecido ayer por el gobierno, a cuenta de la desviación en el déficit de las comunidades autónomas correspondiente a 2011, resulta impropio de un ejecutivo cuya máxima prioridad es recuperar la confianza dilapidada por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente de cara a los mercados financieros y las instituciones continentales.
Si ya es malo descubrir que algunas comunidades autónomas cerraron el pasado ejercicio con sensibles desviaciones respecto a los datos confirmados en sus cuentas respectivas, mucho peor resulta que algo así se conozca a través de filtraciones a los medios de comunicación, algunos de los cuales no han tenido ningún reparo en utilizar políticamente las confidencias recibidas.
Resulta asombroso que tan sólo un día después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que gobierno y comunidades autónomas acordaron por primera vez un plan común de ajuste para cumplir con los compromisos financieros alcanzados con la Unión Europea, conozcamos que los datos remitidos a Bruselas contienen desviaciones abultadas que sin duda dañarán la imagen de responsabilidad compartida que gobierno y comunidades pretendían ofrecer a las instituciones internacionales.
Lo que resulta más sonrojante es que ese aumento del déficit efectivo que algunas comunidades han detectado tras consolidar los datos reales del ejercicio anterior, era algo ya avanzado por algunas de ellas como es el caso de la comunidad de Madrid, cuyo máximo responsable económico reconoció hace semanas que el último trimestre de 2011 había resultado peor de lo previsto en sus presupuestos en materia de ingresos fiscales.
Lo procedente en este caso habría sido que el Ministerio hubiera tenido en cuenta los presupuestos consolidados de 2011 de todas las autonomías, antes de poner en marcha el plan de reestructuración financiera que finalmente fue aprobado en la reunión del pasado jueves. De esta manera, se podrían haber compensado esas desviaciones en su caso con nuevos recortes en los planes presentados para este año, con lo que el efecto mediático hubiera sido nulo y la imagen de España no habría sufrido el menoscabo al que sin duda ahora se enfrenta.
A la falta de previsión en un asunto tan crucial se suma la descoordinación absoluta de un gobierno sobrepasado por las circunstancias, que tuvo ayer que enfrentarse a un problema añadido que él sólo se ha creado con su nefasta política de información y comunicación.
Después de varias de horas confusión, filtraciones interesadas -el dato de la Comunidad de Madrid lo adelantaron los medios del Grupo Prisa antes de que se hiciese público oficialmente- y rumores, finalmente el Gobierno confirmaba, pasadas las 10 de la noche, que el desvío del déficit llega hasta el 8,9% por ciento del PIB –Andalucía sigue siendo un arcano del que pueden surgir muy graves sorpresas-. Con todo no es eso lo más grave, sino la permanente tendencia a la improvisación de que están haciendo gala nuestras autoridades económicas, cuyos efectos de cara al exterior serán muy difíciles de atenuar.
Con un Banco de España desprestigiado, un sistema financiero bajo sospecha y unas comunidades autónomas difíciles de embridar, o el gobierno se decide a actuar con mucho más rigor que hasta ahora o las consecuencias de tanto despropósito acumulado pueden llegar a ser demoledoras. La respuesta, este mismo lunes.