Comprobar si los planes de ajuste de las autonomías tienen visos de credibilidad, sólo eso, que es bien poco, ya es mucho dada la situación de partida. Fieles a sus rutinas, las que están en manos de la oposición y del nacionalismo, han rodeado sus recortes de gran aparato sentimental, ora desafiante, ora lacrimógeno. Cuanto más hayan de reducir el gasto, más encendido y lloroso será el verbo. Ay, qué mala es Madrit; ay, si nos pagara lo que nos debe; ay, qué reaccionaria es la derecha; ay, la obsesión de la austeridad; ay, si tuviéramos un pacto fiscal; y así sucesivamente, que hay quejas y maldiciones para todos los gustos. Sin olvidar, claro, la exhibición de "modelo alternativo" en esta feria de las vanidades. La Junta de Andalucía, último bastión socialista, pues no llega a tal categoría la comunidad que de momento preside López, ha de demostrar que es posible alcanzar el objetivo de déficit sin "recortes" en sanidad y educación, y ante todo sin privatizaciones; sin privatizar más, que ya ha "privatizado" los ERE.
El Gobierno, sin embargo, no piensa examinar ni de lejos las causas de que el gasto autonómico presente una tendencia al exceso. Algunas son, por así decir, subjetivas: los usos y costumbres de los partidos políticos; la no penalización de la prodigalidad por el votante. Pero otras causas son objetivas y se encuentran agazapadas en la espesura del sistema de financiación autonómico. Éste es tan intrincado y opaco que parece elaborado por el procedimiento que se atribuye al ensayista Eugenio D’Ors: se dice que le daba a leer sus textos a la sirvienta, y si ella los entendía, decidía oscurecerlos. A esa condición abstrusa, nuestro modelo de finanzas autonómicas esconde otro monstruito: los incentivos perversos. Las comunidades pueden dejar el grifo del gasto abierto cuando el agua escasea, como cualquier usuario irresponsable.
Lo sustancial de sus ingresos no depende, en lo inmediato, de las cantidades que realmente se recaudan, sino de las presupuestadas. Así, cuando llega la época de vacas flacas, aún disfrutan de un período de gracia antes de verse obligadas a reducir su gasto. Esa happy hour suele prolongarse dos años. Agréguese a esa incitación a la alegría, la dosis de deslealtad institucional característica y tenemos un problema de difícil solución. Porque la opción de la corresponsabilidad fiscal, a fin de que las autonomías aparezcan como recaudadoras y no sólo como distribuidoras del maná, requiere depositar en ellas una confianza que el Gobierno central no se puede permitir. Un Land alemán, un cantón suizo o un Bundesland austríaco no ambicionan la secesión, pero nuestros nacionalistas, sí.