La banca es un sector muy especial. Y lo es por varios motivos: en primer lugar, porque se trata de un oligopolio. Usted no podría abrir un banco mañana si quisiera, como sucede con la mayoría de sectores en las economías de mercado, necesita una autorización extraordinaria –más bien un privilegio–; en segundo lugar, a diferencia de lo que sucede en el resto de empresas, obligadas a contar con un fondo de maniobra positivo para poder operar –parte de su deuda a largo plazo financia sus activos a corto– y garantizar así su solvencia y liquidez, en la banca sucede lo contrario: su fondo de maniobra es estructuralmente negativo, es decir, financia casi todo su activo fijo mediante deuda a muy corto plazo, de forma que se encuentra en una situación de iliquidez permanente (sus activos vencen más tarde que sus deudas); a ello se suma, además, el hecho de poder contar con una reserva fraccionaria ideada para expandir el crédito, ya que tan sólo tiene la obligación de guardar en caja el 2% de los depósitos (un pasivo del banco) –el 1% en la zona euro desde el pasado enero–, pudiendo así prestar el 98% restante; dada su particular situación, el sistema financiero necesita contar con el aval de un prestamista de última instancia, el banco central, capaz de prestarle la liquidez adicional que precisa para poder seguir operando. Dicho de otro modo, puesto que el banco central siempre está dispuesto a prestar dinero a la banca aceptando como garantía sus activos a largo plazo (hipotecas, por ejemplo), hace que éstos sean muy líquidos, permitiendo su intercambio en el mercado interbancario (donde los bancos se prestan dinero entre sí).
Cosa distinta es cuando surge un problema de solvencia, que no de liquidez, tal y como acontece desde 2008. Un banco está en riesgo de quiebra en caso de que la liquidación de sus activos (créditos) se produjera con un descuento lo suficientemente sustancial como para no poder ser cubierto con sus fondos propios (capital). Y he aquí el dilema: ¿qué le ocurre al sistema financiero español? Pues, básicamente, que durante los felices años de burbuja prestaron un enorme volumen de dinero a promotores, inmobiliarias y constructoras para levantar viviendas, comprar suelo y realizar grandes infraestructuras, y concedieron muchas hipotecas a familias bajo la hipótesis irreal de que "la vivienda nunca baja". ¿Problema? Llega la crisis, la morosidad inmobiliaria e hipotecaria se dispara y, a día de hoy, el valor de estos activos en caso de liquidación es muy inferior al que consta en sus libros. Es decir, numerosas entidades no podrían cubrir las pérdidas con sus recursos propios –provisiones, reservas y capital–.
Puesto que la gestión de la crisis bancaria en España ha sido un despropósito desde 2008, negando la mayor, existen dos problemas sustanciales: por un lado, persiste la incertidumbre acerca del valor real de los activos inmobiliarios, lo cual ha supuesto el cierre del crédito interbancario a gran parte de la banca española, dejando el BCE como prestamista de última instancia, pero en masa; y, por otro, se duda de la capacidad del Estado español para poder rescatar el sistema, dado su enorme deterioro fiscal y el prolongado estancamiento económico que vive el país.
Las dos reformas financieras del PP –la de febrero y la del pasado viernes– han intentado paliar la situación elevando la exigencia de provisiones bancarias para cubrir las pérdidas potenciales derivadas de la elevada exposición de bancos y, sobre todo, cajas al sector del ladrillo. Ambas reformas van bien encaminadas pero, tal y como ha admitido el propio Rajoy, llegan "tarde y mal". Hasta ahora, lo que se ha hecho más o menos es intentar sanear los activos problemáticos del sistema en función de la capacidad del propio Estado para proveer recursos adicionales a la banca vía Frob en caso de rescate, evitando así que la deuda pública se dispare aún más, lo cual obligaría a un rescate internacional. Se trata, pues, de un delicado juego de equilibrios muy difícil de sostener en el tiempo, sobre todo en la actual coyuntura de crisis europea, de ahí que Economía empiece a rogar ya abiertamente más ayuda por parte de Bruselas.
La situación, en resumen, es la siguiente: algunas entidades financieras en riesgo de insolvencia y escaso margen del Estado para poder sanear de una vez por todas el sistema bancario nacional sin recurrir a un rescate externo. ¿Qué hacer? Es preciso sanear cuanto antes el sistema, no sólo para que vuelva a fluir el crédito sino, sobre todo, para que el precio de los activos inmobiliarios se ajuste a la realidad cuanto antes.
Hasta el momento, los gobiernos de PP y PSOE han optado por prestar dinero vía Frob, costear la intervención y subasta de cajas insolventes mediante el Fondo de Garantía de Depósitos y la concesión de avales públicos y, en última instancia, entrar en el capital de la entidad (nacionalizar), como ha sucedido en Bankia. Pero todo ello, a un ritmo excesivamente lento –cuatro años de crisis y el sector inmobiliario todavía no se ha ajustado–, ya que se sanea, en gran medida, en función de la cada vez más limitada capacidad financiera del Estado. Liquidar las pequeñas entidades insolventes resulta no sólo posible sino deseable, pero en el caso de las grandes el llamado "riesgo sistémico" es evidente y, además, es preciso garantizar el dinero de los depositantes. Para evitar que la agonía se prolongue, existe una vía que, pese a ser recomendada por Bruselas, ni siquiera se ha planteado en España: el rescate privado de la banca, consistente en capitalizar deuda o, lo que es lo mismo, convertir deuda en acciones.
De este modo, en lugar de nacionalizar a costa del contribuyente y las delicadas finanzas del Estado, los accionistas perderían su dinero, entrando en su lugar los acreedores de la entidad. No es algo nuevo, es lo que acaba de hacer el Gobierno, convirtiendo en capital (acciones) el préstamo otorgado previamente a Bankia vía Frob. De hecho, los famosos cocos (bonos convertibles) suponen exactamente el mismo esquema, puesto que se concede un préstamo estatal por un tiempo determinado y en caso de no poder devolverlo se transforma en acciones.
Así pues, ¿por qué el Estado sí puede capitalizar deuda concedida a los bancos, manteniendo a salvo a los acreedores? ¿No sería más justo y razonable que sean éstos los que entren en la entidad? El banco en cuestión quedaría automáticamente capitalizado –sería solvente– y, además, reduciría su nivel de apalancamiento (deuda); de hecho, recuperarían parte de su dinero a medio o largo plazo e incluso podrían lograr beneficios; los depositantes no tendrían nada que temer; por si fuera poco, las cuentas del Estado no se verían afectadas y el contribuyente quedaría al margen; y el necesario saneamiento financiero no se prolongaría en el tiempo... En definitiva, la alternativa privada mataría todos los pájaros de un tiro. Tal y como admitía un técnico del propio Banco de España –en privado–, "que las cajas insolventes se las queden los bancos alemanes", los acreedores. Por el contrario, se ha optado por proteger al accionista y al acreedor en lugar de al sufrido contribuyente. La banca, un sector muy especial...