Cuando el Estado se compromete a rescatar a las Comunidades Autónomas, me invade una preocupación: ese compromiso ¿se entiende por una sola vez o, tras un primer rescate se precisarán nuevas ayudas ya que las dificultades de hoy pueden mantenerse mañana? No estoy hablando de hipótesis extravagantes, pues en los países en que se han producido rescates, conocimos bien cuando se produjo el primero, pero fue difícil precisar cuando sería el último.
Análogamente, cuando el sistema financiero ha solicitado auxilios del FROB o de cualquier instancia, no se ha garantizado la limpieza de la entidad auxiliada, que ha seguido presentando signos de debilidad y requiriendo nuevas ayudas o fórmulas de fusión o absorción. Utilizar recursos públicos en auxilio de quien no pretende salvarse es motivo de indubitada preocupación.
La situación financiera de las Comunidades Autónomas, salvo excepciones, no permite teorizar sobre la cuestión. Es incuestionable que el esfuerzo del Estado, para reducir el déficit público, será baldío si no consigue poner orden en las cuentas de las demás administraciones. Son inadmisibles niveles de déficit autonómico por encima del dos por ciento, siendo así que en muchos casos se sitúa en el entorno del cuatro por ciento y, en algún caso, llega a superar el siete por ciento de su PIB autonómico.
¿Qué ha ocurrido para semejante despropósito? ¿Dónde están los administradores públicos que condujeron a esas quiebras? La respuesta a la segunda de las preguntas, es de suyo escandalosa; lejos de estar perseguidos judicialmente, siguen pontificando sobre lo que hay que hacer para solucionar los problemas presentes. Es más, les molesta que se hable de la herencia recibida.
El problema que plantea la primera pregunta nos pone al descubierto el error de fundamento del Estado de las Autonomías. Lo único que justifica la descentralización de las competencias de las administraciones es la mayor eficiencia esperada de la cercanía al usuario del servicio público; adaptando la oferta del mismo a su demanda; suponiendo que esa mayor eficiencia compense las pérdidas de economías de escala, al reducir el tamaño del espacio en el que se presta el servicio.
Sin embargo, el Estado de las Autonomías ha concluido en el peor aspecto de los posibles. La cercanía a los ciudadanos ha devenido en un instrumento de corrupción, de favoritismo, de hacer crecer el empleo público y las prebendas en el gasto a favor de los más cercanos; ello unido a la realización de obras de nula justificación, para alimentar un necio ego petulante y vano. Por otro lado, la Autonomía se libra de la parte adversa: exigencia de impuestos para financiar los despropósitos.
No cabe rescatar sin limpiar los desmanes anteriores. Hay que hacer un análisis del crecimiento del gasto para, sin piedad, eliminar de raíz las causas que lo motivaron, sin mejorar la condición de la sociedad en su conjunto. Derramar millones de euros sobre estructuras nacidas de la corrupción, es una forma de perpetuar el problema.
Primero, reformas y limpieza, y sólo después, rescate.