Cinco años después de iniciada la crisis, el Gobierno parece decidido a aprobar la tantas veces anunciada reforma financiera que sanee de una vez por todas los balances de los bancos españoles. Ya ha habido intentos anteriormente, tanto con Elena Salgado como con Luis de Guindos, pero el que se denominó como "sistema financiero más sólido del mundo" no ha sido capaz de salir del pantano.
Ahora, Mariano Rajoy mira hacia Alemania. El decreto que aprobará el viernes el Consejo de Ministros podría estar inspirado en la solución que tomó Angela Merkel en 2009 para salvar a sus bancos. Han pasado ya tres años de aquello, pero de nada vale lamentarse por el tiempo perdido. Lo importante ahora es que lo que se apruebe funcione. El futuro de la economía española depende de ello. Éstas son las claves de toda la operación:
El origen del problema: quizás la mejor manera de explicar qué esta pasando sea a través de un ejemplo. Supongamos que un banco prestó 10 millones a un promotor hace diez años para comprar un solar. En un momento dado, este empresario quebró y el banco se quedó con el suelo, que ahora no vale más de 2 millones (siendo generosos). Por lo tanto, el banco debería anotar una pérdida en su balance de 8 millones.
El problema es que las entidades no han hecho esta operación. Cuando el empresario quebró, lo que hizo su banco fue cambiar dos líneas en su casillero de activos: donde ponía "Crédito inmobiliario: 10 millones", ahora pone "Activos adjudicados: 10 millones". Pero esto es una ficción. Todo el mundo sabe que ese activo vale dos millones. Éste es el origen del problema: nadie se fía de los bancos españoles porque se sabe que tienen miles de millones en activos sobrevalorados en su balance. De hecho, el sector inmobiliario tiene un peso de 308.000 millones en el balance de los bancos, de los que 184.000 se consideran activos de riesgo (y cada vez más expertos aseguran que ésta última es una cifra muy optimista).
En los últimos ejercicios, los bancos han incrementado muchísimo sus provisiones. Esto quiere decir que han guardado dinero de sus beneficios para estar preparados si se producían depreciaciones de activos. Pero incluso estas provisiones millonarias no serán suficientes.
'Inmobiliaria sana': todo el mundo habla de banco malo, pero desde el Gobierno se prefiere hablar de inmobiliaria sana. Consiste en sacar los activos tóxicos de los balances de las entidades financieras y ponerlos, una vez saneados, en una sociedad inmobiliaria que se dedique a venderlos (sociedades de liquidacón de activos). Podríamos decir que se trataría de "desbancarizar" el suelo, las promociones y las viviendas que hasta ahora han paralizado a las entidades.
Pérdidas: la pregunta clave es si los bancos podrán asumir las pérdidas de esta operación. Al pasar los activos tóxicos a una nueva sociedad inmobiliaria, se valorarán a su precio real (es decir, el banco tendrá que admitir que ese suelo vale dos, no diez). Esto provocará pérdidas enormes en el activo de las entidades. Las provisiones deberían servir para cubrir parte de esas pérdidas, pero no todas. Incluso, habrá bancos que no puedan soportar la depreciación y se vean obligados a fusionarse con otros, pedir más dinero público o verse abocados a la nacionalización (el caso más claro es Bankia).
Inversores: una de las claves del plan del Gobierno reside en la entrada de inversores (fondos, grandes empresas extranjeras...) en el capital de estas inmobiliarias. Cada banco tendrá una participación minoritaria en estas sociedades -de este modo, el ladrillo tóxico saldría del balance de la entidad-. Con esta decisión, se quiere obligar a que el traspaso de activos se haga a precios de mercado (se aplicarán descuentos sobre el valor contable de esos activos para que se aproximen a su precio real de mercado) y no se alargue el proceso de reconocimiento de las pérdidas una vez más.
El dinero del Estado: otra de las cuestiones fundamentales es saber si el Estado pondrá dinero del bolsillo de los contribuyentes en esta operación. La intención de Rajoy y De Guindos es seguir un esquema similar al alemán y limitarse a avalar los fondos de las nuevas inmobiliarias, lo cual supondrá más dinero público. De esta manera, los fondos o empresas que entraran en el capital de estas sociedades tendrían asegurada su inversión. El problema es que hay varios agujeros por donde entra el agua:
- Por el lado de las inmobiliarias malas parece que no debería haber problemas. Si verdaderamente se traspasan los activos a precio de mercado y se dan 10-15 años para venderlos (esos son los plazos que se barajan), estas sociedades deberían ser capaces de valerse por sí mismas. De hecho, si no, será complicado atraer inversores, incluso aunque se les avale.
- Por el lado de los bancos no puede decirse lo mismo. Es cierto que, una vez que los activos tóxicos estén fuera del balance, ya se sabrá lo enfermos que estaban, pero puede que el tratamiento acabe con el paciente. Si las pérdidas reconocidas (cuando el suelo se admita que vale sólo dos) dejan el valor de los activos de la entidad por debajo del valor de sus pasivos, el Gobierno se verá obligado a intervenir.
Nacionalización: en este último caso, el Estado tendrá que meter capital en las entidades. ¿Cómo? Puede hacerlo a través de préstamos o en forma de inyección directa (nacionalizando). La primera alternativa es la que se puso en marcha hace ya tres años a través del Frob. Se presta dinero a las entidades, en forma de bonos convertibles en acciones (Cocos), y éstas lo devuelven a precio de mercado (pagando un tipo de interés del 8%).
Bankia es la prueba viviente de que a veces esto no es suficiente. En tal caso, se barajaría la nacionalización: el Estado mete capital y a cambio se hace con acciones del banco. Luego, sanea lo que puede y vende los activos de la entidad. Si logra que el precio sea interesante, puede incluso conseguir que no haya pérdidas para el erario público. Pero nadie puede asegurarlo.
Bankia: es el ejemplo más claro de que las soluciones parciales aprobadas hasta ahora no sirven de nada. La entidad está muy expuesta al sector inmobiliario y se sabe que no podrá hacer frente con sus fondos propios a la devaluación de sus activos. Es decir, cuando empiece a reconocer todos los solares y promociones que valen 2 en lugar de 10, no podrá soportar las pérdidas. Necesita que el Estado la ayude. En el lado positivo de la balanza está que es una gran entidad, con capacidad para generar beneficios en los próximos años que vayan compensando esas pérdidas. Además, si se opta por la opción de trocearla y vender sus activos entre sus competidores podría recuperarse el dinero que el Estado tenga que meter ahora (al menos, eso es lo que el Gobierno espera).