El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".
Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento. "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.
Necesaria reordenación
En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su departamento". "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
"A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.