Si hay algo en lo que coinciden todos los políticos españoles es en la necesidad de un cambio de modelo productivo. A izquierda y derecha, todos coinciden en que hay que impulsar nuevas actividades y sectores, como la industria o la alta tecnología, para ganar productividad y aumentar las exportaciones. Luego, a la hora de tomar las decisiones, los responsables políticos no son tan coherentes como en sus discursos. Y en pocas cuestiones esto es más evidente que en la cuestión energética.
El precio de la electricidad que pagan las empresas españolas es el quinto más alto de Europa. Por encima, sólo están Irlanda, Italia, República Checa y Eslovaquia. Todos los países con una industria potente y que deberían ser los competidores naturales de nuestra industria tienen unas tarifas mucho más bajas. En Francia, con sus odiadas centrales nucleares, está justo por encima de los 70 euros/MWh, mientras que en Espñaa está cerca de los 110 euros/MWH. Según denuncia Oficemen (la patronal de los fabricantes de cemento), la electricidad supone entre un 15-30% del coste total de la industria (en función del sector), por lo que una diferencia de esta magnitud, es una losa insalvable para muchas empresas nacionales.
¿Por qué?
La cuestión es cómo se ha llegado a esta situación. La intuición nos dice que el elevado precio sería el efecto de un incremento en los costes de producción de la energía. Sin embargo, lo cierto es que en España tanto el precio en el mercado mayorista (lo que se denomina pool) como el que se paga a las redes de distribución es inferior a la media europea.
Pero claro, aproximadamente la mitad del recibo de la luz depende de otras cuestiones. Como puede verse en el siguiente gráfico, en 2010 el 22% del coste era para pagar las primas a las renovables, el 18% para pagar impuestos y un 6% para amortizar el déficit de tarifa. Todas estas partidas se han incrementado mucho en los últimos años. Según denuncia Oficemen para el cemento, el coste de los peajes de acceso se ha disparado un 125% desde 2008.
Además, las organizaciones patronales se quejan no sólo de lo que cuesta la electricidad, sino también de la imposibilidad de planificarse en nada que tenga que ver con esta cuestión. Los empresarios no tienen la capacidad para contratar a 2-3 años con las compañías (para asegurarse lo que van a pagar, eliminando la incertidumbre). Desde Oficemen, aseguran que "lo normal sería subastar" el consumo entre los operadores y que estos ofrecieran el mejor precio a los industriales. Pero con el modelo actualmente en vigor, tampoco es posible.
La intervención pública distorsiona los precios en una cuestión tan importante como la energía. El impacto de este hecho sobre la industria es difícil de medir. Desde 1999, la participación de la industria en la economía española ha caído del 21% al 16% en 2010. La tendencia es general en toda Europa (el sector servicios gana peso frente al industrial y al agrícola), pero en España esa tendencia se ha agudizado.
La consecuencia es un círculo vicioso, en el que la pérdida de competitividad se refleja en una caída de la actividad y un menor consumo; lo que provoca que los costes para los que quedan sean mayores; lo que provoca una situación aún peor a la de partida. Para el Gobierno, siempre es más fácil cargar subidas en los precios a la industria que a los hogares. La economía española podría pagar todas estas decisiones políticas aún más caras que la propia electricidad.
