Los ciudadanos no pagamos impuestos a cambio de servicios sociales; pagamos impuestos porque es obligatorio hacerlo, independientemente de los servicios que la Administración pueda ofrecer, o no.
La creciente maraña de derecho administrativo frena por fuerza, a través de una conducta de reacción forzosa, la actividad económica. Naturalmente, aumentan también los riesgos relacionados con la corrupción.
Lo que carece por completo de sentido es azuzar el proteccionismo comercial contra los argentinos al tiempo que se concede a su gobierno cientos de millones de euros cada año en créditos y ayudas al desarrollo con el dinero del contribuyente español.
Cuanta más electricidad ahorremos y más eficientes seamos, más déficit de tarifa acumularemos. Es decir, cuanto mayor esfuerzo de ahorro hagamos, más caro nos costará mantener el sistema. Estúpido, ¿verdad? Demostrémoslo.