El Anteproyecto de Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal elaborado por el gobierno, a falta de las modificaciones que se introduzcan en su tramitación parlamentaria, endurece de manera significativa las sanciones de la Hacienda Pública a las personas físicas y jurídicas que no cumplan correctamente con el fisco, todo ello a fin de luchar contra el fenómeno de la economía informal o sumergida.
La persecución del fraude es una prerrogativa del Estado, que por un sentido elemental de la justicia debe intentar hacer cumplir las normas fiscales a todos los ciudadanos por igual. Ahora bien, el poder político no puede bajo ningún concepto eludir las garantías legales que nuestro ordenamiento jurídico establece para proteger los derechos de los ciudadanos, por más acuciante que resulte su necesidad de aliviar el estado de las arcas públicas.
Este Anteproyecto elaborado por el gobierno contiene muy serias modificaciones en el tratamiento de las presuntas infracciones con la Hacienda Pública, algunas de las cuales chocan abiertamente con los principios básicos que todo Estado de Derecho ha de observar para preservar los derechos de los ciudadanos.
Quizás lo más grave de este paquete de medidas sea la facultad que el gobierno otorga a la Agencia Tributaria para incautarse de bienes privados sin el imprescindible control judicial. De aprobarse esta Ley tal y como ha salido redactada por el Ejecutivo, el órgano de la Hacienda Pública podrá embargar de forma preventiva a quienes estén bajo sospecha de no haber cumplido sus obligaciones fiscales para responder del pago de unas sanciones desproporcionadas, que podrán dictarse incluso con argumentos de dudoso rigor jurídico como el haber mostrado escasa colaboración con los agentes inspectores.
Los ciudadanos y las empresas quedan por tanto a merced de la voluntad de los representantes del fisco, que estarán facultados para adoptar medidas punitivas anteriormente sólo aplicables bajo tutela judicial por la gravedad que implican y el daño irreparable que pueden provocar en cualquier administrado, por más que al final de un tortuoso proceso judicial se demuestre que fueron injustificadas.
Si el Gobierno quiere acabar con la economía sumergida, lo primero que debe preguntarse es cuáles son las causas que hacen que los agentes económicos eludan los circuitos oficiales. Desde luego no es porque los españoles tengan un especial apego a correr el riesgo de ser fuertemente sancionados, sino porque las excesivas regulaciones y las constantes subidas de impuestos decretadas por el gobierno no les dejan a muchos de ellos otra salida para la subsistencia.
En un contexto de recesión económica y camino de los seis millones de parados, medidas como algunas de las que incluye este Anteproyecto de Ley no van desde luego en la línea de garantizar la seguridad jurídica que toda economía necesita para prosperar. Muy al contrario, van a contribuir a aumentar el ya desproporcionado poder del Estado sobre nuestras vidas y haciendas, que es lo menos indicado para que la confianza vuelva a los empresarios y ciudadanos, precisamente el primer objetivo que se iba a imponer el gobierno de Rajoy nada más llegar al poder según decía cuando estaba en la oposición.