Aunque los políticos quieran olvidarlo, el conocido como efecto expulsión está presente en el escenario económico. Sus efectos perversos, que muchos prefieren ignorar, se hacen visibles prolongando situaciones de crisis que podrían abreviarse caso de afrontarlo. Es un efecto de carácter financiero que se enmarca en ese hecho económico, según el cual, los recursos, todos ellos, los reales y los monetarios o financieros, son escasos en cualquier período de tiempo para cualquier circunstancia dada.
Es decir, yendo ya a lo que nos ocupa, que las posibilidades de financiación de una economía son limitadas y, en su uso, compiten en principio dos grandes bloques de agentes económicos: el sector privado y el sector público. Dicho lo cual es fácil colegir que el euro que se destine a financiar el gasto del sector privado no podrá dedicarse a la misma función en el sector público y viceversa.
Es evidente que el sector público goza de unas prerrogativas, por su propia entidad, de las que ni por asomo participa el sector privado. La primera y más fundamental es la referida a la fiabilidad o confianza que se le otorga, por encima de las que se atribuyen al sector privado, incluso en los momentos en que técnicamente pueda encontrarse en una situación, si no de quiebra técnica, sí al menos de suspensión de pagos.
Pues bien, esta inmerecida confianza en el sector público, que le permite el acceso al crédito en los peores momentos, absorbe los recursos financieros disponibles, expulsando al sector privado de tales posibilidades. Es la deuda pública, en cualquiera de sus modalidades instrumentales, la que prevalece frente a la deuda del sector privado, en la carrera para atraer financiación. Somos conscientes de que, en algunas ocasiones, lo es a regañadientes pero, aún así, sigue siéndolo. Al fin y al cabo, en economías tan intervenidas y tan reguladas, el regulador, es decir el sector público, tiene posibilidades de ejercer una fuerte presión sobre los regulados: los agentes del sistema financiero.
Lo cierto es que no debe extrañar la queja generalizada del sector empresarial –más aún pequeñas y medianas empresas– por la carencia de crédito. Baste considerar que, desde diciembre de 2007 al mismo mes de 2011, el crédito concedido al sector público por parte de las entidades financieras se incrementó en un 114%, reduciéndose, consecuentemente, el crédito al sector privado. Al fin y al cabo, los recursos financieros son escasos y la utilización de ellos por el sector público impide la financiación al sector privado. La deuda pública y su financiación expulsan a la deuda privada de esta posibilidad.
Seguir con el discurso de si los recortes del sector público pueden permitirse o no, y de su rechazo a los mismos, es una forma irresponsable de ignorar el problema generado por la deuda pública. Hay que recortar mucho, y con urgencia, para disminuir las necesidades financieras públicas, pues, de lo contrario, lejos de curar al enfermo habrá que resucitar al muerto.