El vicepresidente y portavoz valenciano, José Císcar, y el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, han presentado este viernes el programa Planifica GVA 2012-2015, el plan económico financiero de reequilibrio de la Generalidad valenciana.
Entre las medidas más destacadas está la introducción del impuesto de Patrimonio, el incremento del 7 al 8 por ciento el tributo de Transmisiones Patrimoniales y la aplicación de tasas judiciales -en actos administrativos como los recursos-, además de otras medidas ya anunciadas como el 'céntimo sanitario', la venta de inmuebles o las tasas medioambientales.
Con este plan, informa Europa Press, la Generalidad valenciana prevé un ahorro de unos 2.260 millones de euros, de los que 1.223 millones serán por ajustes en los gastos y algo más de 1.036 por las iniciativas de incremento de los ingresos.
El plan de reequilibrio, que persigue cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido por el Gobierno central, se presentará ante el Ejecutivo antes del 30 de abril. Se trata de uno de los requisitos necesarios para que la Comunidad Valenciana pueda beneficiarse del plan de pago a proveedores.
Vela ha señalado que "si todo sale como está previsto", este plan a tres años se llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 8 o 9 de mayo y que será el encargado de pronunciarse sobre los planes de reequilibrio de las comunidades.
El titular de Hacienda ha subrayado que las medidas aprobadas este viernes en el pleno del Consell permitirán "tener nuestra emisiones de deuda actualizadas" y, además, fijan "la hoja de ruta en la senda de estabilidad presupuestaria, que es el paradigma de las fianzas publicas en toda Europa".
Todas las medidas
Entre otras medidas, en 2013 se volverá a instaurar el impuesto de Patrimonio, cuya recaudación se destinará a "dinamizar la economía", es decir, ha señalado Vela, a financiar iniciativas "comprometidas con la generación de empleo". Asimismo, se incrementará del 7 al 8 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que en 2013 se pretende conseguir 44,5 millones adicionales.
Además, se pondrán en marcha tasas judiciales para recaudar cuatro millones en lo que queda de año y 12 millones más en el ejercicio 2013. El consejero de Hacienda ha aclarado que estas tasas tendrán un carácter "finalista", dado que se destinarán a la modernización de las estructuras judiciales.
Asimismo, el pleno del gobierno autonómico ha aprobado el acuerdo de no disponibilidad de créditos y limitación de las obligaciones sobre el presupuesto de ejercicio 2012, con un importe de 332, millones de euros.
También incluye otras medidas ya anunciadas, como el céntimo sanitario, que ya está en vigor; o los 30 millones de euros anuales por las tasas medioambientales, que se introducirán mediante una ley que el Gobierno prevé que entre en las Cortes Valencianas en el mes de mayo.
Otras medidas son la venta de inmuebles; la puesta en marcha de una central de compras, "que estará plenamente operativa este mes de septiembre"; y otras que afectan al personal, cuyo ahorro previsto para este ejercicio e de 285,9 millones de euros.
Sobre este último aspecto, se contempla la reducción de la jornada de trabajo del personal interino y laboral temporal de sociedades mercantiles y fundaciones; no completar al 100 por cien las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal; la suspensión del plan de pensiones a los empleados públicos; la paralización de los sexenios y de la carrera profesional; y la eliminación de ayudas sociales.
Vela también se ha referido a la inclusión en este plan de reequilibrio las ganancias previstas por la venta de inmuebles, que en los presupuestos de la Generalidad valenciana para 2012 está cifrado en 400 millones. Sin embargo, y por ser "muy, muy prudentes", en el texto que remitirán al Gobierno central, apuntan unos beneficios de 141 millones.
En cuanto a las empresas públicas, el vicepresidente se ha referido al plan de racionalización del sector público empresarial que contempla pasar de 46 empresas y entidades de derecho público a seis agrupaciones sectoriales. Aunque con ello se prevé ahorrar 120 millones, el programa de reequilibrio solo contempla 60, ya que la Generalitat valenciana destinará el resto a pagar el coste del redimensionamiento.
Vela ha destacado que estas medidas, "adecuadas", "no ponen en peligro la prestación de servicios públicos", y ha destacado que el Gobierno valenciano está "obligado" a adoptarlas "para que la estabilidad presupuestaria sea muy pronto una realidad".