Julio Segura, en Escritura Pública, enero‑febrero 2012, nº 73, ha publicado un brillante artículo centrado esencialmente en la necesaria persecución de la utilización de la información privilegiada. Lo titula "Luchar contra el abuso de mercado: prioridad". Avala, tiene toda la razón, que sobre esto el actual marco normativo comunitario es muy suave, "se encuentra en revisión, habiendo publicado la Comisión Europea con fecha 20 de octubre de 2011, una propuesta de reglamento y de directiva en materia de información privilegiada y manipulación de mercado, incluyendo esta última una regulación sobre sanciones penales aplicables a este campo".
Sano y bueno es todo eso, porque sirve, precisamente, para que la economía libre de mercado actúe. Pero ésta precisa de otras ayudas que, en el caso de España, han pasado a tener una significación creciente. Porque entre nosotros, la yuxtaposición de Estado y Comunidades Autónomas ha dado lugar a una proliferación de disposiciones que, leídas en los diversos Boletines Oficiales, del Estado y de las Comunidades Autónomas, sencillamente abruma. Además, aunque en el Estado se observan ciertos síntomas claros de retroceso en sus empresas públicas, no sucede lo mismo en las Autonomías y en las Corporaciones Locales, donde su número ha progresado de modo espectacular.
Todo esto ha supuesto una ruptura del mercado interior español, y como ha señalado Carlos Sebastián, esa creciente maraña de derecho administrativo frena por fuerza, a través de una conducta de reacción forzosa, la actividad económica. Naturalmente, aumentan también –los estudios en este sentido son apodícticos– los riesgos relacionados con la corrupción, y por lo tanto, se borran las posibilidades de desarrollo.
En el fondo lo que hay que hacer, y es bueno que la Comisión Nacional del Mercado de Valores parece estar dispuesta a ello, es abrir el mercado, impidiendo lo que merece la pena que sea un delito. Otra cosa es que el sector público dé muchos pasos atrás y, como en reuniones, por ejemplo, de AESMIDE ha quedado claro, este avance de lo privado sobre lo público es hasta conveniente.
Luchar contra el abuso del Sector Público, y no digamos contra las empresas públicas, tal como, por ejemplo, reclamaban Walter Eucken, y por supuesto, las Escuelas Austriaca y de Chicago, o como observamos con los datos que ofrece anualmente el Banco Mundial, tiene prioridad clarísima para todo planteamiento sensato de la política económica.