Maria Dolores de Cospedal ha confirmado que, en cuanto “pueda resultar financieramente viable”, iniciará la privatización de la radiotelevisión castellano-manchega, tal y como había prometido durante su campaña electoral. El Gobierno valenciano, por su parte, ha anunciado que despedirá entre el 40 y el 50% de los empleados del sector público empresarial valenciano, que pasará de tener 46 empresas públicas, entidades de derecho público o fundaciones a "aglutinar" todo el sector público empresarial en seis entes.
Algunos dirán con razón que Cospedal ya está tardando en hacer realidad esa promesa electoral, dado que lo que resulta financieramente inviable es seguir manteniendo a cargo del contribuyente ese chiringuito audiovisual que, cada día que pasa sin ser clausurado o vendido, aumenta su deuda. También se le podría reprochar a Fabra que no venda o clausure la totalidad de ese mal llamado sector empresarial, que de "empresarial" tiene lo que yo de cura protestante. Con todo, aquí tienen dos medidas plausibles de cómo reducir el déficit de nuestras administraciones públicas sin tener que recurrir a un aumento de impuestos y sin ni siquiera tener que tocar el llamado "gasto social", léase pensiones, sanidad, educación y demás partidas tradicionales del Estado de Bienestar.
Es la conciencia del mucho despilfarro que queda por podar en las administraciones central, autonómica y local lo que a algunos nos lleva a inhibirnos del debate "copago sí, copago no", que algunos están planteándose a raíz de su introducción en sanidad y, tal vez en el futuro, en educación. ¿Como abordar si te parece bien o mal que los pensionistas paguen de sus bolsillos el 10 por ciento de sus medicamentos cuando la deuda de la Radio Televisión Pública Valenciana es equivalente a lo que el Estado se ahorró al congelar las pensiones de todos los jubilados de España?
Personalmente estoy en contra del copago o repago, pero porque estoy a favor de que cada uno pague el cien por cien de lo que consume, con la excepción de aquellas minorías que carecen de los más mínimos recursos. Por otra parte, sin embargo, los trabajadores han pagado impuestos a lo largo de su vida lo suficientemente cuantiosos como para no tener que pagar más por algo que antes el Estado le cubría. El problema es que la mal llamada "gratuidad" es tan cara e ineficiente que ni siquiera la satisfacen las voraces mordidas del fisco. Uno de los mejores ejemplos de la ineficiencia estatal son las pensiones públicas: ¿acaso este ogro filantrópico no nos detrae de nuestras nóminas dinero suficiente como para tener aseguradas mucho mejores pensiones? La respuesta es que no, no lo suficiente, dado el antisocial, antieconómico y liberticida sistema de reparto en el que está basado.
Es todo este despilfarro público, tenga o no que ver con el llamado gasto social, el que nos está estrangulando. Y lo hace, para más inri, con el falso ropaje de la austeridad y con la falsa cantinela de una medicina amarga, que no por amarga resultará buena, con o sin copago.