El PSOE de José Antonio Griñán ha cedido a las condiciones mínimas que exigía Izquierda Unida (IU) para conformar un pacto de gobierno en Andalucía, después de que el PP de Javier Arenas no alcanzara la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas. Ambas formaciones de izquierda ratificaron el pasado miércoles los ejes básicos de su acuerdo programático para la presente legislatura, en el que se incluyen las principales exigencias de IU.
IU solicitaba cinco condiciones mínimas para apoyar al PSOE de Griñán:
- La salida de los cargos de la Junta relacionados con los ERE irregulares.
- La creación de un banco público.
- Prohibir los desahucios por embargos inmobiliarios.
- Cuatro meses de empleo público para todos los parados.
- Y una renta básica para todas las familias andaluzas.
Y el PSOE ha acabado cediendo, de una u otra forma, a éstas y otras reivindicaciones políticas de la formación comunista con el objetivo de poder gobernar otros cuatro años en Andalucía.
1. El pasado viernes, un día después de la constitución del Parlamento andaluz, IU solicitó la creación de una comisión para investigar los ERE fraudulentos cometidos entre 2000 y 2010 por la Consejería de Empleo.
En principio, Griñán no se opondrá y, de hecho, el programa conjunto de ambas formaciones recoge la promesa de garantizar "la creación de comisiones de control" mediante una reforma del reglamento parlamentario.
2. La creación de un banco público también se incluye explícitamente en el acuerdo marco de ambas formaciones: "Crearemos el Instituto Público de Crédito Andaluz que promueva el crédito y que coordinará la intervención en la actividad productiva de Andalucía". El objetivo de este particular ICO andaluz es prestar hasta 1.500 millones de euros a pequeñas y medianas empresas (pymes).
3. En cuanto a la prohibición de embargos inmobiliarios, al tratarse de legislación estatal, PSOE e IU han acordado pedir al Gobierno central "las modificaciones normativas que correspondan para regular por Ley la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria". Y ello, "utilizando un impuesto sobre las entidades bancarias similar al de depósitos de Andalucía para incentivarla, así como políticas dirigidas a evitar los desahucios en aquellos casos de mayor necesidad".
4. Los cuatro meses de empleo público para todos los parados andaluces no se concreta al detalle en el acuerdo programático, pero se incluye de forma implícita mediante el impulso de una especie de Plan E a nivel autonómico (gasto público para crear empleo).
Así, PSOE e IU pondrán en marcha, antes del verano, un "plan de choque" contra el desempleo mediante la "realización de diversas obras" para ocupar, sobre todo, a "parados y paradas de larga duración con cargas familiares y sin prestación".
En concreto, se impulsará un "plan de empleo en materia forestal, destinado a mantenimiento de superficies forestales, reforestación y explotación de montes"; un "programa de apoyo al empleo en la rehabilitación de viviendas; y se ampliará el programa destinado a obras en colegios públicos, denominado Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). La idea consiste en aumentar este plan, dotado hasta ahora con 200 millones de euros para crear 5.000 empleos temporales.
En definitiva, más dinero público para contratar a desempleados.
5. Por último, en cuanto al pago de una "renta básica" para todos los andaluces, PSOE e IU se comprometen a crear un "grupo de trabajo sobre la Ley de Inclusión y Renta Básica de ciudadanía" para desarrollar una futura ley en este ámbito.
El Estatuto Andaluz de 2007 ya reconoce en su artículo 23.2 que "todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley". Por el momento, la única medida vigente sobre esta materia es el llamado "Ingreso Mínimo de Solidaridad", que consiste en una prestación mensual mínima del 62% del Salario Mínimo Interprofesional para las familias en riesgo de exclusión, con una duración máxima de seis meses. Sin embargo, IU va más allá y pretende garantizar a todos los andaluces una renta básica extendida en el tiempo, algo que el PSOE se compromete ahora a estudiar.
Asimismo, PSOE e IU elaborarán, "con carácter inmediato", un "Plan Integral de Inclusión Social" que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de otorgar una "renta" extra durante un año a los desempleados en proceso de formación.
Otras medidas económicas
Pero más allá de estos compromisos, ambos partidos también han acordado impulsar otras medidas de carácter económico. A continuación, se enumeran las principales novedades:
Fiscalidad:
- "Más progresividad" a todo el sistema fiscal en el ámbito de nuestras competencias. Es decir, nuevas subidas fiscales a nivel regional.
- Establecer un "gravamen permanente sobre la riqueza", a través de la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio.
- "Reforma amplia" del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- "Mayor equidad" en el Impuesto sobre Sociedades.
- Se aprobará una "Ley de Fiscalidad Ecológica" y una "Ley Andaluza Contra el Fraude Fiscal y Social".
- Establecer límites máximos en sociedades de inversión (SICAV).
Presupuestos y consolidación fiscal:
- "Defenderemos la planificación y el gasto público como un factor clave en el desarrollo económico".
- Piden relajar los objetivos de déficit autonómico.
- Exigen que el Gobierno central cumpla la disposición adicional tercera del Estatuto andaluz, aumentando la inversión en infraestructuras en la región; y que fije un "umbral mínimo de armonización fiscal para las Comunidades Autónomas".
- Rechazan el copago y las reformas avanzadas por el Gobierno en materia de sanidad y educación pública.
- Y piden recuperar la Renta Básica de Emancipación.