Cualquiera que hojee la prensa argentina seria, como La Nación y Clarín, podrá hacerse una idea de la preocupación que embarga a los pocos argentinos que comprenden las consecuencias de la confiscación de YPF por parte del Gobierno peronista y el aplauso que ha recibido de los partidos de la oposición y, según las encuestas, de la mayoría del país.
La confiscación se hizo violando la Constitución nacional, que establece en su artículo 14 que: "La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". El niño bonito de la presidenta, el viceministro Axel Kicillof, ha agravado la vulneración del ordenamiento jurídico declarando que el Gobierno podría no pagar ni un céntimo a Repsol.
Ante estos atropellos al derecho de propiedad, a la Constitución y a los tratados internacionales, la reacción de la mayoría de los Gobiernos sudamericanos no ha sido la práctica de solidaridad latinoamericana en clave bolivariana, sino la distancia de una Argentina enloquecida y que ya estaba aislada en el concierto internacional.
El presidente colombiano, el liberal Juan Manuel Santos, dijo en público: "en Colombia no expropiamos. Al contrario, somos un Estado de derecho donde hacemos todo lo humanamente posible para que se respeten las reglas". Y los presidentes de México y Chile, los únicos países iberoamericanos miembros de la OCDE, han condenado la confiscación. Pero la reacción oficiosa es todavía más preocupante para Argentina. El columnista Joaquín Morales Solá ha escrito que "la mayoría de los países latinoamericanos avisó oficiosamente a España, al resto de Europa y a los Estados Unidos que no son como Cristina Kirchner o, lo que es peor, como la Argentina".
En un momento en que Argentina necesita imperiosamente capital extranjero para impedir la descapitalización interna, los argentinos empezarán a sufrir muy pronto las consecuencias de la bofetada propinada por su presidenta a una empresa española.
El masoquismo español lleva a muchos compatriotas a burlarse de los esfuerzos del Gobierno nacional en defensa de una empresa española y de los principios legales o a sostener que nuestro país carece de toda fuerza. Sin embargo, lo cierto es que el prestigio y la influencia de España en Hispanoamérica son mayores de lo que imaginamos, sobre todo desde el cambio de Gobierno.