El debate abierto en torno a la decisión del gobierno de hacer pagar a los pensionistas una parte de los medicamentos, utiliza premisas ciertas para llegar a conclusiones erróneas. Los partidarios del repago esgrimen en su favor el hecho cierto de que los españoles consumimos más fármacos que los ciudadanos de otros países, y que obligar a los usuarios a que realicen un módico desembolso ayudaría a racionalizar su consumo desmesurado. Junto a este argumento se aducen con otros que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema público sanitario y el necesario recorte del gasto público que ha de hacerse en todos los ámbitos de los servicios que presta la administración.
Sin embargo hay al menos tres razones, a mi juicio suficientemente consistentes, para justificar la oposición de los usuarios de la sanidad pública, en especial los pensionistas, a esta nueva exacción decretada por el ejecutivo de Mariano Rajoy.
1.- Los españoles consumimos exactamente la cantidad de fármacos que nos recetan los facultativos. Como es bien sabido los medicamentos, en especial los que tratan enfermedades crónicas, sólo se pueden expedir en las farmacias oficiales contra la presentación de la correspondiente receta médica. Si consumimos muchos o pocos es responsabilidad de los que autorizan su administración, no de los usuarios del sistema. Es injusto que se haga pagar a los jubilados por un supuesto exceso de medicación que, en todo caso, obedece exclusivamente al mandato de los profesionales del sistema público de salud.
2.- Con las transferencias de la sanidad a las comunidades autónomas el sector público sanitario, que incluye los gastos de farmacia, está fragmentado en diecisiete compartimentos que operan por separado con el sobrecoste que ello implica. La creación de una central de compras para productos hospitalarios es una buena medida para aprovechar las ventajas de las economías de escala, que debería extenderse a otros ámbitos de la sanidad pública para aumentar su eficiencia. Según el gobierno, el repago reducirá los costes de la sanidad pública en unos 2.500 millones de euros. Un programa más ambicioso de centralización de gastos sanitarios, en la línea de la central de compras hospitalarias, podría alcanzar si no el total del ahorro previsto sí al menos la mayor parte, con lo que resultaría innecesario obligar a los usuarios a este pago extra al retirar las medicinas de su farmacia.
3.- Los perceptores de pensiones públicas contributivas ya han sido esquilmados gravemente por los políticos en las cuantías de sus percepciones mensuales. Después de muchos años cotizando a la seguridad social su ahorro ha desaparecido casi por completo, víctima del perverso sistema de reparto que convierte el sistema público de previsión social en una perfecta estafa piramidal. Obligarles además a que paguen un tributo extra para mantener su salud es una injusticia que ningún discurso progre al uso puede disimular por más que se esfuerce en retorcer los argumentos.
Si además se pervierte el lenguaje para hacer pasar como un "pago compartido" –eso es lo que significa copago-, lo que no es sino un sobrecoste decretado por una decisión política que prefiere obviar otras fórmulas de ahorro, hay motivos más que suficientes para oponerse frontalmente a la que, tal vez, es la medida más injusta de todas las que lleva tomadas el gobierno de Rajoy desde que llegó al poder.