Ramón Luis Valcárcel se muestra convencido de que la Región de Murcia cumplirá con el objetivo de déficit público para el presente año, situado en el 1,5%. Para ello, desgrana su nuevo plan de ajuste, que mete la tijera a organizaciones sindicales, organismos públicos o una televisión en vías de la privatización. Pero, además, el que es uno de los barones del PP más influyentes entra en el fondo de la cuestión, el modelo autonómico en sí, para admitir que es “ciertamente mejorable en ciertos aspectos”.
De todo ello profundiza en un artículo publicado en Libertad Digital, en el que parte de la base de que la prioridad pasa por respetar “las necesidades más básicas” en las que incluye la Educación, la Sanidad, la Protección Social y la cobertura al desempleo. En todo lo demás, explica, es necesario apretarse el cinturón para cumplir con el compromiso de déficit. El trabajo se antoja arduo, habida cuenta de que, en la actualidad, se sitúa próximo al 5% en la comunidad. Valcárcel asegura que lo conseguirá, y así se lo dijo en primera persona a Mariano Rajoy el pasado sábado.
Una gestión basada “en criterios como la austeridad, el control en el gasto y la máxima transparencia”, argumenta al presidente murciano, que ofrece las claves de su nuevo plan de acción, con el que pretende ahorrar 623 millones de euros. Así las cosas, en cuanto a los empleados públicos, no habrá reducción de sueldos pero sí una ampliación de la jornada semanal hasta las 37,5 horas. También “disminuirá significativamente el número de interinos, de personal eventual y liberados sindicales y se potenciarán el control del absentismo laboral y la redistribución de efectivos”, afirma.
En paralelo, se ha aprobado la reducción de siete altos cargos del Gobierno regional y el recorte de un 3% del sueldo del resto, así como del 5% del de los 45 diputados regionales. También verán reducidas sus asignaciones la Asamblea Regional y el Defensor del Pueblo, cuyo presupuesto desciende de 1,6 millones de euros a 300.00 euros, y la Radiotelevisión Autonómica, cuya asignación pasa de 26 millones a 20.
Siguiendo con el relato del propio Valcárcel, el número de entes públicos pasa de 72 a 38 mientras que espera recaudar 128 millones de euros procedentes de la venta de inmuebles y del alquiler de puntos de amarre. Se prevé obtener otros 81 millones de ingresos de carácter impositivo mediante la eliminación de bonificaciones y el alza de los tipos en los impuestos de sucesiones y de actos jurídicos, a los que se suman el de patrimonio y el nuevo impuesto de medio ambiente para grandes empresas energéticas.
Una batería de medidas a la que el barón del PP incluye una reflexión personal, referida al sistema autonómico. “Nuestro modelo, sancionado y protegido por la Constitución, tal vez no sea totalmente perfecto y sí ciertamente mejorable en ciertos aspectos”, admite. Así, llama a “evitar duplicidades con otras administraciones, reajustando sus dimensiones, esfuerzos y actuaciones tanto a las disponibilidades reales como a las necesidades de los ciudadanos a quienes sirve”. Valcárcel no llega tan lejos como su homóloga Esperanza Aguirre, que abrió el debate sobre la idoneidad de devolver competencias al Estado, pero sí que defiende una reforma desde dentro, apostando por el “equilibrio presupuestario”.
Por último, el presidente -y así se lo dijo a Rajoy- se muestra a favor de la creación de los Hispabonos, como “un instrumento de financiación de las comunidades bajo el paraguas de la garantía del Estado”. En su opinión, permitirá “obtener recursos con los que garantizar las estabilidad financiera y la prestación de los servicios básicos esenciales”.