También en lo económico. Por supuesto la I República fue, en lo económico, un autentico desastre. Pero la II mostró una incapacidad extraordinaria para, de alguna manera, intentar superar el forzoso desastre que la Gran Depresión causaba en todo el mundo, y que en España no sólo no se frenó, sino que, como consecuencia de una serie de desatinos, se amplió de manera bien clara.
Era entonces España un país esencialmente agrícola. En el año 1932, el 27% del PIB era agrícola; el 28% industrial y el 45%, servicios. Por una parte, una importación de trigo muy importante de la Argentina y por otra, la puesta en marcha de una Reforma Agraria que incluso afectaba a las finquitas de los ruedos de los pueblos, como nos probó el profesor Juan Muñoz, hundió el poder de compra de parte esencial de nuestra población.
Por otro lado, la II República se embarcó en un modelo autárquico creciente. Perpiñá Grau lo denunció en enero de 1935, en Weltwirtschaftliches Archiv. En esas condiciones era imposible pensar en escapar de una muy estrecha actividad productiva.
Eso lo agravó la suspensión, por Álvaro de Albornoz, en parte por presión catalana relacionada con la empresa eléctrica popularmente conocida como "la Canadiense", o sea, Barcelona Traction, la política de obras públicas relacionadas con las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, cuyo efecto multiplicador sobre la industria siderúrgica era bien visible. La crisis en estas industrias básicas ratificó el desbarajuste económico.
Para intentar paliarlo, a partir de Largo Caballero se puso en marcha una política social que impulsó al alza los costes laborales de manera importante, con lo que la coyuntura no fue capaz de escapar del ambiente general que la Gran Depresión traía consigo. Y tampoco alivió las tensiones sociales, que estallaron con mucha fuerza en la Revolución de 1934, con impactos muy importantes en Asturias, en Cataluña y en las provincias vascas, esto es, en el núcleo industrial esencial.
Medidas aisladas, que no coronaban nada, como podía ser un asunto de progresividad fiscal con la Ley Carner, o las acciones agrarias de Prieto, con el asesoramiento del ingeniero agrónomo Leopoldo Ridruejo, nada serio pudieron ante la combinación de erróneas políticas económicas señaladas. La prueba de que la depresión se adueñaba de España, la tenemos en el aumento considerable del paro y la caída del PIB por habitante (PIB p.c.). Para 100’0 el último año de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1933, fin del binomio azañista‑socialista, este PIB p.c. era de 90’7, y aunque se recuperó algo en el binomio radical-cedista, en 1935 éste índice no había pasado de 94’3, aparte de su fuerte mala distribución, y del incremento del paro. En diciembre de 1935, el paro registrado llegaba a los 700.000 desempleados, para un empleo asalariado total de 3.900.000, o sea, el 14’8%, después de haber logrado el pleno empleo en la Dictadura de Primo de Rivera.
Un economista diría: ¡Para recordar el denominado mundo progresista el 14 de abril de 1931!