Tras la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF anunciada el lunes por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la gran duda en estos momentos es el justiprecio a abonar como resultado de la nacionalización. En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó este martes las reglas de juego que se establecieron cuando se procedió a la privatización de la compañía, a principios de los años 90. Según la ley vigente, Repsol calcula que el valor de YPF asciende a un total de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), de forma que la participación del 57,4% de la española en la filial argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).
No obstante, parece que éste precio mínimo que se exige a Argentina ni siquiera será el que se pagará. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, ha acusado este martes en el Senado a los ejecutivos de YPF de ocultar "información y contabilidad de la petrolera". "No le vamos a pagar a Repsol lo que ellos quieran" ha sentenciado el protegido de Kirchner. El mismo Kicillof, de ideas radicales y que asegura tener a la presidenta "hipnotizada", es la pieza clave del proceso de nacionalización de YPF.
Repsol demandará una indemnización
La petrolera española presentará todo tipo de reclamaciones y demandas a mayores, a modo de indemnización, para recuperar las inversiones realizadas en el país. Efectivamente, en virtud de la Ley de Privatización y de los propios Estatutos de YPF, para llevar a cabo la expropiación del 50,1%, Argentina debería, en primer lugar, lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones y en efectivo, ya que el asalto supera el umbral mínimo del 15% que establece la legislación. Por otro lado, el criterio aplicable para determinar el precio por acción de YPF consistiría en multiplicar el PER (ratio por acción) máximo registrado por la compañía de los dos últimos años por el resultado neto por acción de los últimos doce meses, lo cual supondría valorar el total de la compañía en los 18.300 millones de dólares cifrados por Repsol.
Sin embargo, según reconoce el propio Brufau, "imagino que el Gobierno [argentino] intentará no cumplir con lo que tiene que hacer", avanzando así que recurrirá al arbitraje internacional. En este sentido, el presidente de la petrolera señala que "todos los Estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo". Y, por desgracia, todo indica que las autoridades argentinas desean "expropiar a precio de saldo" YPF.
Argentina revisará los "números imprudentes" de YPF
Las dudas de Brufau no son injustificadas, de hecho el Gobierno argentino ha anunciado esta misma tarde que "revisará" el valor de YPF. Argentina sostuvo este martes que revisará los "números" de los que hablaban de forma "imprudente" los directivos de la petrolera YPF cuando pueda conocer la "información secreta" que manejaba la empresa. El Gobierno argentino pretende "avanzar en el tratamiento del proyecto con suma rapidez y celeridad".
"Estamos en condiciones de decir que los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera imprudente sobre el valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer la información secreta que la empresa manejaba", dijo hoy el viceministro de Economía e interventor de YPF, Axel Kicillof, ante el Senado argentino.
Kicillof acusó a los ejecutivos de YPF de "no informar sobre nuevos yacimientos" y de que en sus balances "sus pasivos ambientales no fueron expuestos". "Por más que decían que los números estaban a disposición, hay buena parte de la información que sólo se conoce cuando uno se pone al frente de la empresa", dijo el viceministro de Economía. Y agregó: "Es necesario que los objetivos de YPF estén en línea con los de la Argentina".
El viceministro de Economía justificó la expropiación al señalar que el gobierno nacional "no puede darse el lujo de esperar a que el grupo Repsol se siente a discutir qué va a hacer con el gas, con el petróleo y el precio de los combustibles".
¿Cuál será el precio?
La cuestión, pues, es la siguiente ¿a qué precio expropiará YPF el Ejecutivo de Kirchner? Aunque aún no hay nada firme sobre el papel, Argentina ya baraja posibles acciones para eludir estos dos requisitos legales (OPA y justiprecio), según informan los medios especializados del país. En primer lugar, se estudia la posibilidad de que el nuevo grupo directivo designado por el Gobierno para controlar la compañía podría cambiar los estatutos de YPF para evitar así lanzar una OPA sobre el resto de los accionistas.
Asimismo, Kirchner pretende pagar un justiprecio muy inferior al que exige la ley. En concreto, algunos funcionarios del Ejecutivo ya avanzan que la intención inicial consiste en abonar a Repsol entre 3.500 y 4.000 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) por el 51% de las acciones que posee en YPF. Es decir, algo menos del 40% de lo que estipula la ley y, por tanto, de lo que exige la petrolera española. De ahí que la reacción inicial del mercado al anuncio de Kirchner haya sido muy negativa. El lunes, las acciones de YPF pasaron de subir un 7% a derrumbarse un 19% tras conocerse la intención de nacionalizar la compañía para terminar cerrando con una caída del 11,16%.
Aunque, según el borrador de nacionalización, se intentará negociar un justiprecio con Repsol, el Gobierno argentino ya descarta alcanzar un acuerdo, con lo que se iniciaría un proceso expropiatorio en el que el precio y el plazo a pagar sería fijado por el Tribunal de Tasaciones de Argentina, en manos de Kirchner. Esto abriría un complejo y largo proceso que, casi con toda seguridad, terminaría en los tribunales internacionales de arbitraje - Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIACI), organismo del Banco Mundial- y que, en total, se podría prolongar entre cinco y diez años.
El modelo a seguir por Kirchner, según estas mismas fuentes, es la expropiación efectuada por la Venezuela de Hugo Chávez de dos yacimientos petrolíferos a las norteamericanas ExxonMobil y ConocoPhillips, por unos 3.600 millones de dólares, y que está recurrido a los tribunales internacionales desde 2007.
Y eso si, finalmente, paga. Argentina es, actualmente, el país que tiene más demandas por expropiaciones de empresas (unas 40) y más condenas -casi la mitad-, pero cosa distinta es que cumpla los laudos arbitrales. Así, por ejemplo, Kirchner se ha negado a abonar los cerca de 400 millones de dólares en compensaciones que adeuda a empresas estadounidenses por disputas similares iniciadas hace años, hasta el punto de que el Gobierno de EEUU anunció el pasado marzo que suspendería las preferencias comerciales de las que gozaba Argentina, que eximían el pago de aranceles a las importaciones de muchos de sus productos. La guerra por YPF acaba de comenzar.