Este lunes por la tarde, el Gobierno argentino ha declarado la producción de hidrocarburos de "utilidad pública". Con esta medida, el 51% de las acciones de YPF queda "sujeto a expropiación". De esta manera, el Estado argentino se asegura la propiedad de la filial de Repsol.
En los últimos días, varias noticias apuntaban a que la presión del Gobierno español y de la UE podía estar surtiendo efecto en el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso el ministro José Manuel Soria aseguraba que "parece que la cosa se encauza". La sensación era que el conflicto estaba en vías de llegar a una solución favorable a los intereses de Repsol.
La presidenta argentina ha designado al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y al vicepresidente de economía, Axel Kicillof al frente de la operación como interventor de YPF. Su gestión se iniciará este mismo lunes.
La norma
De esta manera, el Gobierno de Argentina remitirá al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF. De esas acciones, el Estado se quedará con el 51% Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) el 49. De este modo, el Estado tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99%.
El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará "representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF S.A.". Esto querría decir que todas las acciones expropiadas pertenecen a la compañía española, que controlaba el 57,43% del capital. El resto de los propietarios son la familia Eskenazi, (aliados de Nestor Kirchner, aunque ahora enfrentados a la presidenta) que controla el 25,46% a través del Grupo Petersen, los minoritarios, con un 17%, y el Estado que retenía el 0,02% y una acción de oro. En teoría, ni los Eskenazi ni los pequeños accionistas no se verán afectados por la medida, más allá del hecho de que ahora tienen una parte de una compañía estatal y no de una multinacional privada.
El título tres de la nueva norma alude a la "recuperación del control de YPF" y a la "expropiación" de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol. La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto incluye la "remoción de la totalidad de directores" de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa". Kirchner ha anunciado que coloca al "frente de la operación al ministro de planificación acompañado los otros dos funcionarios", aunque también anticipa que "los empresarios argentinos van a volver a tener mucha representación en este modelo".
Además, la presidenta se guardaba otro as en la manga. El proyecto de ley incluirá una cláusula que obligará a que una futura privatización de YPF tenga que ser aprobada por 2/3 del Congreso argentino. Y las provincias no podrán vender su parte sin autorización del Estado. De esta manera, Kirchner se asegura que sea muy complicado revertir el proceso que este lunes comienza. "Yo no soy eterna", afirmó para explicar esta decisión.
¿Falta de inversión?
El anuncio de la nacionalización de YPF se produce después de cuatro meses de presiones del Gobierno argentino contra la petrolera, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversión.
Kirchner justificó la medida de su Gobierno con las siguientes palabras: "De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos, sino por políticas empresariales". "Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", afirmó Fernández de Kirchner.
Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, afirmó, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo, señaló, antes de aludir a la "desnacionalización" a finales de los años noventa como uno de los grandes "problemas" del país. El texto, en el que se indica que el poder Ejecutivo argentino actuará como "expropiante" de la empresa, será remitido este mismo lunes al Parlamento argentino.