Ayer se vislumbró la estructura del atraco. A media tarde comenzó a circular por los pasillos del Congreso argentino un borrador en el que se establecían los mecanismos legales para proceder a la expropiación del 50,01% de la compañía YPF, filial argentina de Repsol, que quedaría de este modo bajo el control del gobierno de Casa Rosada. La petrolera española, que controla el 57,4% de YPF, vería expropiada casi el 25% de su inversión.
Este sería, sin duda, un duro golpe para la propia Repsol que se haría extensible a toda la economía española, comenzando por los accionistas de la petrolera. El 20% de los activos de Repsol están en Argentina, así como dos tercios de su producción de petróleo, el 30% del resultado de explotación y cerca de la mitad de sus reservas probadas.
Este movimiento de la caterva peronista de la presidenta Kirchner no es casual. La difícil coyuntura económica europea, especialmente grave en nuestro país, parece haber animado esta maniobra orquestada para hacerse con los activos de la empresa española. La continua paralización de pozos de petróleo en diferentes provincias argentinas ha desplomado el valor en bolsa de la petrolera que, en enero de este mismo año, cotizaba a más de 23 euros por título mientras ahora lo hace en el entorno de los 18 euros. El gobierno Kirchner podría comprar ahora las acciones de Repsol a precios mucho más asequibles que hace unos meses, pero parece que ni siquiera está dispuesto a ello.
Desde Casa Rosada tiran la piedra y esconden la mano. Dicen ahora que desde el ejecutivo no se envió ningún documento al Congreso y que todo responde a una maniobra de Repsol. Lo cierto es que en dicho documento se describe el modus operandi del atraco y establece que será el propio Tribunal de Tasaciones de la Nación el que establezca el valor de los activos a expropiar. Es decir, que le pagarán a Repsol lo que consideren oportuno. Desde Clarín se ha filtrado que, en una tensa reunión mantenida ayer entre el presidente de Repsol y el ministro de planificación, este último le dijo a Brufau: "Si querés el 30% de YPF, te quedás con el 30%. Y si no aceptás, no te quedás con nada".
Este comportamiento ya viene siendo habitual en el eje populista de América del Sur. Tras la salida de escena de otros protagonistas, Fernández de Kirchner ha tomado el testigo del ensalzamiento nacionalista y el manido discurso victimista de la potencia extranjera que esquilma sus recursos. Tampoco es casual la reciente diatriba dialéctica con respecto a la soberanía británica en Las Malvinas. Responde a la estrategia de apoyarse en las masas que parecen ignorar lo que estas acciones supondrán para el futuro económico de Argentina, que se va convirtiendo paulatinamente en mera comparsa palmera del dictador venezolano.
Este atentado al respeto contractual, la propiedad privada y la seguridad jurídica no puede quedar impune. El gobierno de España debe actuar con una contundencia y una determinación inauditas. El ministro de industria hizo ayer unas durísimas declaraciones en las que sentenciaba que "cualquier gesto de hostilidad hacia empresas españolas será interpretado como un gesto de hostilidad hacia España y traerá consigo consecuencias". El ejecutivo de Rajoy no debe limitarse únicamente a hacer declaraciones y debe aunar esfuerzos en utilizar todos los medios a su disposición para detener esta afrenta a los intereses nacionales. Nos jugamos mucho más que la plata.